Uno entiende que hay desesperación entre la ciudadaní­a y que la terrible impunidad hace que muchos, aun gente que se dice de creencias cristianas y que promueve a su manera el Estado de Derecho, justifiquen medidas extremas ante un mal que ellos consideran también extremo. Yo, por mi parte, siempre he pensado que no podemos prostituirnos y ponernos a la altura de los criminales para enfrentarlos, sino que los ciudadanos tenemos que exigir el imperio de la ley y agotar recursos para forzar a que se administre la justicia correctamente. Por ello fui desde el principio un ferviente promotor del concepto de la CICIG, puesto que entiendo que la tarea es inmensa y que necesitamos de toda la ayuda que sea necesaria. Mucha gente me ha dicho que no se puede esperar el largo proceso que se requiere para lograr el imperio de la ley, sobre todo porque mientras tanto está muriendo mucha gente y la población honrada sufre los embates del crimen. Todos hemos sufrido en carne propia o con nuestras familias ese vejamen terrible del despojo de nuestras pertenencias a mano armada y, por supuesto, uno siente deseos de venganza ante la desfachatada actitud de los maleantes. Pero si todos empezamos a querer aplicar la ley por propia mano, la ley de la selva será poca cosa y será mucho más difí­cil aspirar a encontrar algún dí­a la senda de la legalidad y la justicia.

Hablar de que en el paí­s una inmensa mayorí­a aprueba la pena de muerte es bicoca, porque en realidad es inmensa la mayorí­a que aprueba la eliminación de los criminales, sea como sea. Pero por más que entendamos el nivel de desesperación y hasta que lo aceptemos como válido, debe reflexionarse sobre la prostitución en que caemos como sociedad al decidir que para sobrevivir nos tenemos que convertir nosotros en criminales porque no tenemos otro remedio.

Siempre he dicho que si la eliminación de criminales fuera solución, Guatemala serí­a un paí­s maravilloso porque aquí­ sí­ que no nos hemos andado con chiquitas en el tema de limpieza social. No operan únicamente estructuras dentro del Estado, sino grupos particulares que usan a matones para eliminar a quienes los extorsionan, secuestran, roban o les matan a un pariente. Sabidos de que el sistema judicial no tiene la capacidad para administrar justicia, se conforman escuadrones de la muerte que creen estar administrando justicia al matar a quienes son por ellos juzgados y condenados sin ninguna garantí­a de defensa.

Quienes han prostituido la justicia, poniéndose en venta al mejor postor, tanto desde los cuerpos policiales como el Ministerio Público y los tribunales, son los causantes de esa desesperación que, como siempre ocurre, ha sido pésima consejera porque nos coloca en la situación desesperada de matar o morir. La construcción del Estado de Derecho no se puede lograr sobre cimientos de ilegalidad y arbitrariedad, y al final del dí­a no tenemos otra salida civilizada que la de trabajar con ahí­nco en estructurar un sistema de justicia confiable.