Sectores sociales y políticos de Guatemala responsabilizan de la crisis institucional al presidente ílvaro Colom, por nombrar como fiscal general a alguien supuestamente vinculado al crimen organizado, lo que provocó la renuncia del comisionado de la ONU para combatir la impunidad.
«Definitivamente hay una responsabilidad compartida del presidente Colom porque él eligió al fiscal general Conrado Reyes, pese a las advertencias que le habíamos hecho sobre este personaje», afirmó Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
En ese mismo sentido se expresó el director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, para quien el principal responsable de «esta ingobernabilidad» es el mandatario debido a que seleccionó a Reyes de una lista de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación.
El principal partido de oposición, el derechista Partido Patriota, también se sumó a las críticas al asegurar que Colom es el culpable de la crisis, y exhortarlo a dejar al vicepresidente Rafael Espada la designación del nuevo fiscal general, cuando se repita el proceso de selección.
Guatemala está sumida en una crisis institucional tras la renuncia del jurista español Carlos Castresana al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), un ente avalado por Naciones Unidas, en protesta por la polémica designación de Reyes el 25 de mayo.
Castresana acusó a Reyes de corrupción y de tener nexos con el crimen organizado.
Tres días después de su renuncia, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial guatemalteca, le enmendó la plana al gobernante al ordenar la separación de Reyes del cargo y un nuevo proceso para elegir al fiscal general.
Ahora el Congreso tendrá que esperar a ver si los 12 miembros de la Comisión de Postulación, integrada por nueve decanos de universidades y los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados y Tribunal de Honor de ese Colegio, aceptan o se inhiben de participar en un nuevo proceso de selección.
Los defensores de derechos humanos en Guatemala, entre ellos la fundación de la líder indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, denuncian un «pacto de impunidad» entre los integrantes de la Comisión de Postulación con grupos del poder económico, político y militar para que el ungido fuera Reyes.
En ese sentido, la Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por 54 organizaciones sociales, ha demandado que todos los integrantes de la Comisión se inhiban y sean otros quienes la integren.
Castresana reveló el lunes pruebas del complot en su contra, donde aparecen nombres de personas vinculados a militares, al Partido Patriota y de la misma gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (socialdemócrata) de Alvaro Colom.
Ante ello, el dirigente del CIIDH calificó de sospechoso que Colom designara a Reyes pese a las dudas fundadas en su contra, lo que favorece la tesis de que grupos paralelos están incrustados en todas las esferas del poder en Guatemala.
El presidente de Guatemala, ílvaro Colom, calificó de «vergí¼enza» los ataques al jurista español Carlos Castresana, que lo llevaron a dimitir como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un ente avalado por la ONU para sanear el corrupto sistema judicial guatemalteco.
«El comisionado y la CICIG hacían un trabajo profesional. Da vergí¼enza realmente que personajes que han tomado vida pública estén haciendo este tipo de campañas negras», afirmó Colom en improvisada rueda de prensa.
«Sería bueno investigar con qué tipo de partidos políticos están y vamos a llegar a saber quiénes son los fabricantes de campañas negras, de descalificación, descrédito de personas, que destruyen personalidades y vamos a ponerle un hasta aquí», afirmó el gobernante.
Castresana presentó el lunes pruebas que vinculan al destituido fiscal general, Conrado Reyes, con el crimen organizado y la corrupción del sistema judicial.
Colom comentó que las pruebas presentadas por Castresana contra el ex fiscal ante representantes del cuerpo diplomático y organizaciones sociales «están bien documentadas».
Castresana renunció a la CICIG el pasado 7 de junio alegando ser víctima de una serie de «ataques sistemáticos contra él y contra la institución» al tiempo de acusar a Reyes de corrupto y de tener vínculos con el crimen organizado.
Reyes había sido nombrado en el cargo por el propio gobernante el 25 de mayo, pero fue destituido por la Corte Constitucional el 10 de junio pasado.
La CICIG, que encabeza Castresana en forma interina mientras se nombra su reemplazo, fue creada en diciembre de 2006 para sanear el corrupto sistema judicial guatemalteco y desmantelar los aparatos clandestinos que operan dentro del Estado, así como reducir el alto índice de impunidad que prevalece en este país centroamericano.
El 98% de los delitos quedan en la impunidad en Guatemala, según datos de esta institución.