Organizaciones campesinas de Guatemala lanzaron públicamente ayer una propuesta de ley para favorecer el desarrollo integral de las comunidades rurales, donde se concentra la pobreza que afecta al 80% de los casi 13 millones de guatemaltecos y de los cuales 2,6 millones viven con menos de un dólar al día.
«La propuesta está encaminada en lo referente a la redistribución de la tierra, políticas sociales, financieras, crediticias, además del tema de la salud, la vivienda y la infraestructura productiva ya que es necesario transformar varias condiciones que vayan en la línea de lograr el bienestar de la población», afirmó el dirigente indígena Daniel Pascual.
El 53,9% de los casi 13 millones de habitantes de Guatemala, reside en el área rural, en su mayoría de ascendencia indígena, según el censo de 2002 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
«Más de la mitad de la población guatemalteca, aproximadamente un 57%, vive en situación de pobreza, mientras que el 21,5% vive en condiciones de pobreza extrema, es decir viven con menos de un dólar al día», agregó Pascual.
De acuerdo con el dirigente indígena y campesino, tanto en el área rural como urbana, según las estimaciones del INE, 4 de cada 5 pobres viven en el área rural y al menos tres de ellos son indígenas.
«Esta es una propuesta importantísima, porque ni en el Plan Visión de País, así como otras alternas presentadas por diferentes partidos políticos, buscaron ningún tipo de consensos», asegura Pascual.
La iniciativa, que en las próximas semanas presentarán al pleno del Congreso, según el activista, contempla una serie de puntos medulares para resolver el problema de la demanda de acceso a la tierra para los campesinos, indígenas y no indígenas.
Además, plantea todo un esquema de políticas sociales en el término de que existan programas como el acceso a financiamiento, pero también la figura de los subsidios para agilizar los créditos.
La propuesta de Ley también plantea la necesidad de crear un ministerio de Desarrollo Rural y Agrario, que se encargue de dirigir las políticas encaminadas a garantizar el desarrollo y la seguridad alimentaria de la población, entre otras necesidades.