Ayer publicamos el enorme contrasentido que tiene la mal llamada Ley de Probidad, aprobada por uno de esos Congresos surgidos tras la supuesta depuración, puesto que al establecer el secreto de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos las hace inútiles, toda vez que las mismas sólo pueden usarse y conocerse en un juicio.

La declaración del estado patrimonial de los funcionarios tiene sentido para que se pueda establecer si hubo o no enriquecimiento ilícito en el ejercicio de las funciones públicas. La Contraloría de Cuentas no es un instrumento de control, sino una tapadera que se concentra en funcionarios y empleados menores, pero que muestra una manga muy ancha para los cabezones, no sólo del Gobierno central, sino también de las Municipalidades más importantes.

Los ciudadanos tenemos derecho a saber con qué capital cuenta un funcionario cuando asume su cargo y también cuál es el monto de su fortuna cuando lo entrega. Sin la publicidad del estado patrimonial, la declaración es absolutamente inútil y sólo sirve para tapar los trinquetes porque los largos se escudan diciendo que cumplieron con la ley y que entregaron oportunamente sus declaraciones patrimoniales.

Por supuesto que sí son los diputados, llamados a entregar su estado patrimonial, quienes tienen que aprobar estas leyes, ni modo que a esa clase de representantes del pueblo les vamos a pedir que se pongan la soga al cuello. Y no es porque la simple comparación de estados patrimoniales nos vaya a probar nada, sino porque se verán obligados a hacer micos y pericos para encubrir sus bienes y con ello el delito de perjurio algún día se les puede aplicar.

Y así como los diputados, los ciudadanos también nos hacemos de la vista gorda y nos importa un pito que todos roben, al extremo de que lo damos como parte del ejercicio de la función pública y no faltan los que piensan que el que no robe en el cargo ha de ser un idiota. La idea de la decencia, de la honradez y el prestigio personal son cosas del pasado, viejadas diría la juventud de hoy, porque lo que cuenta es engordar la fortuna a como dé lugar. No hay ladrón que se vuelva millonario a costa del Estado que reciba siquiera la vindicta pública y el rechazo de la ciudadanía. Por el contrario, se les trata como potentados, como si hubieran amasado fortuna con trabajo honrado y se les recibe con bombos y platillos a donde van.

Somos una sociedad tolerante y por eso nadie se inmuta de esa farsa de las declaraciones patrimoniales secretas que no sirven ni para papel sanitario.

Minutero
Robar no es gran pecado
y es por todos tolerado;
por eso aquí al más ladrón
lo elige la población