La secretividad con que se manejó el contrato de usufructo que firmó la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) con la firma Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB) hace dudar sobre los procedimientos y la transparencia en el manejo de un bien público estratégico, estiman analistas, mientras que Allan Martínez, interventor de la Portuaria, rechazó los señalamientos y atribuyó las críticas a intereses políticos

Manfredo Marroquín, analista de Acción Ciudadana, indicó que por propia salud del Estado, el usufructo debió pasar por un proceso de publicidad. “No hacerlo fue la causa que genera todas las dudas y cuestionamientos”, señaló.

“Fue un error grave, porque este negocio tan grande merece todo un proceso abierto. Si no se conocen las otras ofertas, ¿cómo se evalúa que ésta era la mejor?”, cuestionó.

El analista político Renzo Rosal señaló que “en esta ocasión se dejó ver que el discurso de la trasparencia solo fue una cuestión superficial, porque los actos demuestran lo contrario. “De poco sirven las palabras, cuando los hechos arrojan total opacidad y secretismo además de que se cometieron aparentemente, ilegalidades”, dijo.

Rosal agregó que una muestra fundamental del Gobierno, para enmendar el error,  es corregir el proceso y comenzarlo de cero, “repetirlo significa corregir las ‘metidas de pata’”, sin embargo, el interventor Martínez, dijo que esto no era una opción, porque insistió en que se utilizaron todos los procedimientos establecidos en la ley.

Por su parte, Allan Martínez, interventor de la Portuaria, respondió que “las cosas que se están diciendo son falacias, son extractos de contratos que no terminan de leer las clausulas, las sacan de contexto. No existió tal secretividad”, expuso.

De acuerdo con Martínez, el contrato firmado con la empresa española, es un negocio que todo “el mundo conoce”, y señaló que registrar la Escritura Pública del contrato “es un acto de publicidad en sí mismo; eso es lo que se pretende, que la gente lo conozca”.

El  interventor  señaló que para  la concesión de este usufructo, se siguió el procedimiento exactamente establecido por la ley: “como funcionarios públicos nos regimos por un principio de legalidad, el que implica que puedo hacer lo que la ley permite, no puedo inventarme procedimientos. El decreto 100-85, su reglamento y el Normativo para el Usufructo y Arrendamiento de Tierras dice específicamente cuál es el procedimiento a seguir, y el mismo es el que seguimos”.

Al ser consultado por la ausencia de un proceso de licitación manifestó: “no puedo inventarme un proceso de licitación para usufructuar la tierra, se pudo haber optado por un procedimiento de concesión, pero hubiera parado en una discusión en el Congreso, con lo cual se hubiera politizado como está pasando ahora”.

Asimismo, fue consultado por la falta de información que generó dudas y señaló que,  “antes de dar a conocer un negocio tenemos que tener toda la certeza del mismo para no abrir expectativas de la población, sin que ya esté materializado”.

Martínez, además refirió que la EPQ, por movimiento de contenedor, nunca ha ganado $350, lo que se lograría con este nuevo contrato, “actualmente lo que se  produce son $150, todavía quitándole los costos fijos y servicios percibidos”.

Según refirió, a parte de este usufructo se cuentan con otros 23 usufructos dentro de la portuaria de los cuales dos de ellos ya manejan carga contenedorizada,  “La empresa Covigua, inclusive, tiene un área más grande con una extensión de 480 mil metros cuadrados de terreno, y la que se está otorgando a TCB es de 350 mil m2”.

De acuerdo con el funcionario, es preocupante para la Portuaria que se cuestione este contrato, pues afecta la atracción de inversión extrajera.