El secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, sigue perdiendo apoyo luego que un conservador e influyente republicano dijera que debe considerar su renuncia debido a la controversia desatada por la remoción de ocho fiscales federales.
Hasta ahora, la presión por la remoción del viejo aliado del presidente George W. Bush vino de los legisladores demócratas, luego que surgiera evidencia que implica a Gonzales directamente en el desplazamiento de los fiscales presuntamente por motivos políticos.
Mientras el funcionario se prepara para defenderse la próxima semana ante el Senado, Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes y uno de los más influyentes miembros del oficialista Partido Republicano, dijo ayer a la cadena Fox News que es momento para un nuevo secretario de Justicia.
«Creo que el país, de hecho, estaría mucho mejor servido si tuviera un nuevo equipo en el Departamento de Justicia, en la junta directiva», dijo Gingrich, un potencial candidato para las elecciones presidenciales de 2008.
Dijo además «no poder imaginar» de qué forma Gonzales sería efectivo «por el resto de su administración».
La comisión de justicia del Senado investiga por qué los fiscales fueron removidos de sus cargos, incluso cuando muchos de ellos se encontraban bajo investigación por casos de corrupción, y hasta qué punto Gonzales y la Casa Blanca estuvieron involucrados.
Los fiscales federales, poderosos fiscales regionales nombrados por el presidente, son por lo general reemplazados al inicio de un nuevo gobierno, y no es usual hacerlo a la mitad de un mandato.
«Creo que es increíble que exista duda sobre el hecho de que ellos (Gonzales y sus asesores) manejaron esto muy mal», dijo Gingrich.
El senador republicano Jon Kyl, en entrevista con la cadena ABC News, ofreció un tibio apoyo a Gonzales y dijo que esperaba que un testimonio conciso pueda restaurar la fe en el departamento de Justicia.
El secretario de Justicia «debe aclarar los conflictos y aparentes conflictos en una audiencia entre su jefe de gabinete y algunos comentarios públicos que hizo en el pasado», agregó Kyl.
«La confusión y la mala forma en que estos despidos se realizaron perjudica la confianza en el departamento de Justicia», acotó.
Gonzales está muy concentrado en la preparación del testimonio que dará el 17 de abril ante la comisión de justicia del Senado, según el diario Washington Post y la revista Newsweek.
La preparación incluye sesiones de ensayo de preguntas y respuestas con asesores jugando el papel de los senadores que lo interrogarán.
Según Newsweek, una fuente aseguró que Gonzales se contradijo constantemente en una reciente sesión, pues reiteradas veces «confundió la secuencia de eventos» hasta que sus asesores llegaron a «exasperarse».
Pese a la controversia, el presidente ha apoyado a Gonzales, que fue su asesor legal cuando Bush era gobernador de Texas (sur) en los años 90, en todo momento.
La semana pasada, Bush dijo no había «evidencia creíble de alguna acción irregular» en la remoción de los fiscales.
En un escándalo relacionado, el Post reportó que Gonzales evadió algunos cuestionamientos éticos que rodeaban al ex comisionado de la policía de Nueva York Bernard Kerik, nominado en diciembre de 2004 para secretario de seguridad nacional.
Kerik, un socio cercano del ex alcalde de Nueva York y candidato a la presidencia, Rudolph Giuliani, retiró su postulación al cargo cuando se hizo público que contrató a una inmigrante ilegal como niñera.
Pero el Post reportó que Gonzales también evadió la amistad de Kerik con un empresario vinculado con la mafia, y que fiscales federales podrían acusar a Kerik de varios actos delictivos, incluido el haber mentido al gobierno.
Este lunes, el Post pidió en un editorial mayor investigación de los despidos.
«Sin importar si Gonzales se queda o se va, se necesita saber más sobre qué pasó bajo su vigilancia», aseguró el matutino.