El secretario de Justicia estadounidense, Alberto Gonzales, debe responder hoy ante una comisión del Senado por su papel en la remoción de ocho fiscales federales, una decisión legal pero que fue vista como una purga polí­tica orquestada por la Casa Blanca.

«No tengo nada que ocultar, y tengo que asegurarle al Congreso y a los estadounidenses que no ha ocurrido nada inconveniente», dirá Gonzales en su presentación, según el texto difundido previamente y que será leí­do antes de responder a las preguntas de los senadores.

En Estados Unidos, los 93 fiscales federales, encargados de vigilar la aplicación de la polí­tica gubernamental en su distrito, son nombrados por el presidente, quien puede removerlos cuando lo desee. Sin embargo, esa práctica, corriente cuando se produce un cambio de administración, no es usual en el curso de un mandato.

Varios legisladores denuncian que la remoción muestra una manipulación polí­tica de la justicia, y exigen saber por qué los fiscales fueron relevados y en qué grado el ministro y la Casa Blanca estuvieron implicados en la decisión.

Gonzales ha dicho regularmente que la decisión de removerlos no tuvo una motivación polí­tica y que él no ha participado personalmente en el proceso, una versión controvertida por los documentos publicados en las últimas semanas y por los testimonios de algunos de sus ex colaboradores.

Mientras tanto, los pedidos de dimisión del secretario de Justicia se han multiplicado en un mes, e incluyen a lí­deres republicanos, pero el presidente George W. Bush le ha dado su confianza una y otra vez.

De todos modos, más allá del papel de Gonzales, los senadores se interesarí­an además en la posible implicación de Karl Rove, la eminencia gris del presidente Bush. Ocurre que el caso estarí­a revelando indirectamente otro: la desaparición de miles de correos electrónicos, entre ellos, algunos que podrí­an contener información oficial.