La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) presentó esta mañana el segundo informe de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Política de Cooperación Internacional no Reembolsable.

Según Ekaterina Parrilla, directora ejecutiva de Segeplan, Guatemala ha recibido alrededor de 300 millones de dólares en materia de ayuda extranjera, que a su criterio no se verá afectada por la corrupción.

“El país ha recibido en algunos años más de 300 millones de dólares en materia de cooperación y solamente el 50 por ciento está registrado en la secretaría”, expuso la funcionaria, y esto porque los cooperantes tienen mecanismos directos con municipalidades u organizaciones de sociedad civil, lo cual no permite tener un solo registro de la cooperación, para poderlo manejar o analizar.

Además, indica que otro problema es que la cooperación para el gobierno solamente la mitad o menos de la mitad ingresa al presupuesto, generando unidades de gestión paralelas o unidades ejecutoras que no se encuentran insertas dentro de las propias instituciones del sector público, lo cual no permite garantizar los procesos de sostenibilidad de la cooperación.

Al ser consultada si la corrupción y la falta de transparencia podrían afectar la cooperación internacional para el país, Parrilla indicó que Guatemala no tiene niveles tan altos en esta materia que puedan afectar la asistencia que el país recibe desde el extranjero.

Parrilla indicó que se ha estado trabajando en esos temas: “Yo creo que la política, parte de lo que busca es también ordenar mejorar procesos, que hayan instrumentos de gestión y ejecución de la cooperación para precisamente poder evitar de mejor manera que se tenga poca ejecución o procesos poco transparentes”.

Además, expresó que la cooperación sabe de los esfuerzos que se hacen en materia de combate a la corrupción, y por el contrario “no tenemos un nivel que pueda afectar el flujo de la cooperación”, dijo.

CASO ILUSTRATIVO

Julia Maldonado, diputada de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), fue acusada de malversar Q4.2 millones, cuando fungió como directora del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) en el gobierno de Álvaro Colom; estos fondos supuestamente eran parte de una donación de la Unión Europea.

La donación de la Unión Europea ascendía a Q15.6 millones, que Maldonado administró como funcionaria.

El 5 de diciembre del 2012, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad retirarle la inmunidad a la diputada y el 17 de octubre último fue ligada a proceso por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado.

El juez Eduardo Cojulum del Juzgado Undécimo del Ramo Penal le impuso una fianza de un millón 500 mil quetzales, la cual pago para evitar ir a la cárcel.