Uno de los temas que han servido de pretexto para entrampar la ley contra el enriquecimiento ilícito ha sido el del tráfico de influencias, tipificación a la que se opone el Presidente de la República, la Vicepresidenta, la bancada del oficialismo y el sector privado organizado, así como buena parte de la prensa nacional. La voz cantante la han llevado diputados que fueron electos por el PP para dar una cuota de poder al CACIF y la oposición ha sido tenaz, tanto que es en el fondo la piedra en el zapato y la razón que esgrimen para no avanzar en la aprobación de la ley tan importante.

Hay que ser claros al abordar este tema porque lo que pasa es que vivimos en un país donde todo gira alrededor del tráfico de influencias y una ley así pondría en peligro a casi todos los que hacen negocios con el Estado por la forma en que se gestionan esos negocios y la forma en que se contratan. Efectivamente, aquí hay tráfico de influencias a toda hora y en todo lugar y, por supuesto, ello causa preocupación a quienes hacen dinero y se enriquecen con fondos públicos porque se les podría sancionar por hacer lo que hacen todos los días y en todos sus negocios.
 
 Se dice que la redacción del artículo que tipifica el tráfico de influencias es demasiado amplia y puede prestarse a perseguir a quienes hacen cabildeo, actividad que no está considerada como delictiva. Nosotros sostenemos que la ley está bien redactada y que debería aprobarse como está, sobre todo porque es la forma de meter a los particulares en el costal de la corrupción, como corresponde, puesto que no hay forma de que haya trinquetes sin participación de gente ajena a la función pública pero que hace obra o provee de bienes o servicios a las entidades del Estado. La corrupción del cajonazo realizada por el funcionario público que simplemente se clava el pisto del erario, es infinitamente menos significativa que la que se hace en contubernio con empresarios. Y generalmente mientras mayor el postín de la empresa, mayor la tajada que se reparten.
 
 Ayer publicamos un reportaje muy ilustrativo sobre el tema y coincidimos que si tanto es el alboroto debe adoptarse la norma que ya está escrita en la Convención contra la Corrupción que Guatemala suscribió. Lo que falta es ponerle el castigo correspondiente para que la tipificación se perfeccione.
 
 Veamos si así se acallan las voces y terminan de rasgarse las vestiduras los que dicen ser cabilderos pero en el fondo son maestros, y geniales, en el tráfico de influencias.

Minutero:
El secreto es boicotear 
la ley de enriquecimiento 
pues tienen el presentimiento 
de que con ella los pueden trabar