No cabe la menor duda que el principal problema de Guatemala sigue siendo el de la inseguridad ciudadana y que para el gobierno de ílvaro Colom es un reto demostrar cuanto antes que la violencia se combate con inteligencia. No me cabe la menor duda que el mandato principal emitido por los ciudadanos en las urnas fue el de controlar la violencia y la inseguridad, puesto que tanto los triunfadores como los perdedores terminaron haciendo del tema el punto central de su oferta polí­tica y los ciudadanos al final se decidieron por aquellos que no se limitaban a proponer mano dura como respuesta a los desafí­os de una crisis severa en la seguridad pública.

Se supone, entonces, que tanto el Gobierno como la principal fuerza de oposición en el paí­s tienen planes elaborados para enfrentar el problema y era de esperar, también, que se produjeran reacciones violentas de quienes puedan sentirse acosados por las acciones represivas. Pero la magnitud y contundencia de esa reacción, vista ayer con el ataque insolente en contra del sistema de transporte público, constituye un reto que el Gobierno no puede pasar por alto y que demanda reacciones inmediatas para demostrar la existencia de aquellos planes sobre los que nunca se entró en detalles a lo largo de la campaña porque se consideraba impolí­tico destapar la estrategia de la lucha contra los criminales.

Pero ahora no estamos ya en campaña y el Gobierno, que optó por la continuidad en materia de seguridad al ascender a Ministro a quien vení­a fungiendo como segundo de a bordo de la señora Adela de Torrebiarte, no tiene excusa para ofrecer resultados. Ni siquiera se puede decir que las autoridades actuales están empapándose de la situación porque el actual Ministro era el encargado del área de seguridad pública en el anterior gobierno y bajo su responsabilidad estaba el manejo de las fuerzas policiales.

Entendemos que no es fácil el reto y que no se pueden esperar resultados de la noche a la mañana ni, creo yo, en cien dí­as como se ha ofrecido. Pero lo que causa desazón es que no se ve nada nuevo, ninguna polí­tica innovadora en materia de seguridad ni la certeza de que hay noción de cómo enfrentar el problema. Las autoridades muestran satisfacción porque, según ellos, han bajado los indicadores de la violencia, pero lo que vemos los ciudadanos es otra cosa. Puede decirse que la prensa magnifica los hechos, pero cuando en una jornada son asesinados cinco pilotos del transporte público, serí­a irresponsable no destacar la realidad y pasarla por alto simplemente para no molestar a quienes gobiernan.

En materia de estudios y análisis sobre la situación de violencia existente en el paí­s hay trabajos realizados por distintos grupos que ofrecen luces muy claras sobre el mapa general de la violencia, especialmente en el área urbana y están en buena medida identificados los lugares en donde ocurre la mayor incidencia de crimen. En ese sentido los operativos policiales al iniciarse el nuevo gobierno tuvieron como finalidad mostrar presencia policial donde antes no entraban los agentes, pero el resultado terminó siendo adverso porque luego de haber capturado a muchos de los pandilleros y delincuentes, los dejaron en libertad por falta de pruebas o por deficiencias en el procedimiento de captura y esos criminales volvieron envalentonados a sus barrios, confiados de que el sistema de impunidad no ha cambiado.

Es indispensable que la Policí­a Nacional Civil y el Ministerio Público principien un trabajo bien coordinado para permitir que las capturas se traduzcan no sólo en procesos sino en la condena de los delincuentes. Me parece una soberana tonterí­a la idea de imponer cuotas a los fiscales para que presenten por lo menos diez casos mensuales a fin de justificar su trabajo, cuando lo que nos hace falta no es iniciar los procesos, sino llevarlos a término. Lo que deberí­a de hacer el fiscal Florido es escudriñar cada uno de los procesos en los que por falta de mérito se absuelve a los acusados, para determinar si hubo fallas en sus fiscales y proceder sin dilación alguna a la destitución de los incapaces.

Por lo demás, es evidente que hay un reto al gobierno cuyo origen es difí­cil establecer pero que busca poner a prueba la capacidad de las nuevas autoridades para enfrentar una ola de violencia generalizada. Y es el momento en que el Gobierno nos muestre que cuando habló de enfrentar el problema con inteligencia sabí­an de lo que estaban hablando y que no era una simple reacción publicitaria ante el avance de la oferta de la mano dura. No podemos perder más tiempo porque lo que al final estamos perdiendo son vidas y eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Si los indicadores de violencia han bajado el consuelo es muy pobre porque de nada sirve a las familias de las ví­ctimas del crimen. Esposas, hijos, padres y hermanos sufren todos los dí­as el efecto de la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus ciudadanos y para ellos de nada sirve que el Gobierno se sienta bien porque «bajaron los í­ndices de delincuencia».