Quien crea que el Gobierno perdió la batalla con el presupuesto deberá poner atención a la forma en que están planificando la más crucial y decisiva respecto al paquete fiscal expuesto hace unos días por el Presidente. Estoy convencido de que el Gobierno está afinando una estrategia que no sólo persigue el sano propósito de incrementar los ingresos del Estado, sino que es ya el arranque de lo que será la contienda electoral a realizarse dentro de dos años.
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Yo estoy convencido de que quedó vigente el presupuesto actual para el año entrante porque así le convenía al régimen que podrá operar con manga ancha y que eso también forma parte ya de la estrategia político-electoral de la UNE y la familia Colom. Por eso es tan importante observar cómo se empieza a librar el pulso entre los grupos sociales que tienen afinidad con el Gobierno y los sectores más conservadores del país que encuentran en el tema fiscal un motivo para mostrar su repudio a las políticas oficiales. El magisterio, los alcaldes y los beneficiarios de los programas de Cohesión Social se han de convertir en la punta de lanza de una importante movilización social con dimensiones nunca antes vistas en el país y que deben verse no sólo como un sólido e importante apoyo al aumento y creación de impuestos, sino como el real prolegómeno de la contienda electoral que, como la batalla actual, tendrá matices muy marcados de confrontación entre clases sociales.
Personalmente siempre he estado a favor de que un país como Guatemala tenga una carga tributaria adecuada para enfrentar los rezagos sociales tan graves que se reflejan en nuestra dramática situación en el tema del Desarrollo Humano. Y creo que aunque exista corrupción, tenemos que cumplir con nuestro deber tributario y luego asumir nuestra responsabilidad cívica exigiendo transparencia. Entiendo, por supuesto, que esa tesis se debilita cuando uno ve el comportamiento de las autoridades en casos tan paradigmáticos como el saqueo del Congreso de la República en donde simplemente se «esfumaron y perdieron» más de 82 millones de quetzales sin que exista la menor esperanza de ver a los pícaros pagando por su culpa. Se debilita cuando uno ve que no van a dar los datos de los beneficiarios de Mi Familia Progresa bajo el argumento de que eso sería proporcionar a la oposición las señas para que contacten directamente a la base política que están acumulando. Y más se debilita cuando uno se da cuenta que no existe ningún esfuerzo por transparentar realmente los gastos públicos y que siguen usando ONG y fideicomisos para jugarle la vuelta a los mecanismos de control establecidos en la ley.
Nunca antes ningún gobierno, a la hora de plantear alguna reforma fiscal, había planteado el asunto en términos de confrontar a los sectores sociales para medir fuerzas y ejercer presiones. Nadie había contrarrestado la presión pública de los grupos conservadores que hasta el día de hoy han logrado siempre salirse con la suya vetando toda intención de aplicar tributos que puedan afectarles.
Si lo que se dice hoy es cierto y, efectivamente, se planea una gran movilización para realizar presión al Congreso para que sea aprobado el paquete fiscal, estaremos viendo el primer gran pulso con la vista puesta ya en la campaña electoral y esa medición de fuerzas no será nada despreciable.