San Juan Sacatepéquez ha sido, en varias ocasiones, el escenario de enfrentamientos violentos y crímenes que han dejado decenas de muertes como saldo.
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Analistas consideran que es un territorio «al borde de un estallido social» debido en parte a las condiciones sociales y económicas de la población, además de la injerencia de grupos clandestinos en la región.
El presidente del Gobierno, ílvaro Colom, ha calificado a San Juan como «una tierra de gente trabajadora y pacífica», sin embargo este ya es un ideal obsoleto para los pobladores de este municipio, que se considera en el departamento de Guatemala como el corredor hacia el oriente.
Nidia Flores*, habitante del lugar, señala que en la última década ha cambiado radicalmente la situación del municipio, ya que la criminalidad se ha incrementado sobremanera a raíz de la llegada de nuevos pobladores.
Mientras que antes los jóvenes aprendían de sus padres a cultivar la tierra, Flores señala que ahora son seguidores de «grupos», que les inducen a involucrarse en el tráfico de drogas y negocios relacionados con armas.
«Seguido se pueden ver algunos picops que se estacionan en el parque y llaman a los muchachos, pero no se sabe con exactitud qué es lo que pasa».
Los vecinos de San Juan Sacatepéquez dicen que el territorio es disputado por las bandas de narcos, quienes durante sus actividades ilícitas ya han cobrado la vida de varias personas, entre ellas se cuenta la de jóvenes que trabajan en el campo.
En los últimos tres días, la Policía Nacional Civil (PNC) ha encontrado los cadáveres de cuatro personas con muestras de haber sido asesinadas de forma violenta. En lo que va del año han sido decenas, refieren los agentes de seguridad.
Unión
La pobreza y la discriminación son factores que han propiciado el acercamiento de jóvenes a los actos ilícitos, declara Justo Mendoza, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas
«Las oportunidades de empleo son escasas y los jóvenes no tienen otra opción más que agruparse y buscar soluciones grupales, lamentablemente optan por unirse a las bandas de delincuentes».
Mendoza no descarta que se aproxime un estallido social al pueblo de San Juan, ya que la violencia está llegando al límite de afectar a menores de edad; la pobreza prevalece en varias aldeas de la región y la discriminación tiene divididos a los pueblos.
Las necesidades de la población no son simplemente en materia de inversión social, ahora es necesaria la conciliación de los grupos distanciados y la eliminación de las bandas del crimen organizado que apuntan a la sociedad civil, señala Mendoza.
*Nombre modificado a solicitud de la entrevistada
El secretario de la Paz, Orlando Blanco, reconoce la existencia de «grupos paramilitares» que se han involucrado en la región en temas de seguridad ciudadana, lo cual «no puede ser permitido por el Gobierno».
El funcionario señala que en el municipio existe una gran cantidad de armamento ilegal, que ha sido parte del provocativo para la ola de violencia que se vive en la región.
Blanco divide el problema de seguridad en dos vías, la primera se crea a partir de la población, que ante la falta de seguridad nacional, se ha hecho de armas para protegerse, y a la vez ajusticiar a los supuestos responsables de crímenes «con su propia mano».
Por otra parte, existen grupos de poder que se ocultan en lo que parece un tranquilo poblado, para cometer actos ilícitos y comprometer a las autoridades para iniciar enfrentamientos.