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Otro año está por terminar y la situación de más de 30 reos condenados a la pena de muerte no se resolvió.
Esto debido a que en el año 2002 se determinó que el Presidente de la República ya no otorgaría el indulto presidencial.
Con ello unos 35 reos quedaron en el limbo a la espera que se solvente su situación legal.
Frank LaRue, comisionado Presidencia de Derechos Humanos, COPREDEH, manifestó que urge que el Congreso determine la situación de la pena de muerte.
El funcionario manifestó que los parlamentarios deben tomar la decisión de abolir la pena de muerte o tomar otra acción que busque dilucidar la situación del tema en el país.
LaRue menciona que la opción sería que en Guatemala ya no exista la pena capital. Sólo la nación y Cuba mantiene ese castigo en Latinoamérica.
Puso como ejemplo que los países europeos antes de ingresar a la Unión Europea debieron retirar la pena en sus respectivos países.
Según el titular de COPREDEH, en el cabildeo que han efectuado en el Legislativo, los parlamentarios han manifestado su anuencia a que la pena de muerte en el país debe ser abolida.
De acuerdo con LaRue, los congresistas mencionan que no es el momento de abordar el tema.
El próximo año es electoral, por lo que el funcionario no avizora que pueda abordarse el tema.
Se sabe que existe un proyecto de Ley en el Congreso que busca que se vuelva a otorgar el indulto presidencial.
«Creo que el otro año no habrá resultados sobre este tema, será la nueva legislatura en el 2008 que debería iniciar las discusiones», apuntó Frank LaRue.
Podrían demandar
Según LaRue, el Estado de Guatemala podría estar en riesgo de ser demandado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violar los derechos psicológicos de los condenados a la pena capital al no solventar su situación.
El trámite lo pueden efectuar los mismos condenados.