En pocos días y con las formalidades del caso, el Tribunal Supremo Electoral entregará las credenciales del Presidente y Vicepresidente electo al binomio que la mayoría de los votantes eligió.
jfrlguate@yahoo.com
Será un acto emotivo que no se volverá a repetir en el resto de sus vidas para los dos ciudadanos que quedaron electos.
El TSE no concluye ahí su tarea, debe proceder a informar de forma oficial y precisa dónde utilizó la enorme cantidad de presupuesto (Q409 millones) que requirió, de forma coactiva, públicamente le aprobara el Congreso de la República. Debemos analizar la utilización de estos recursos que comparativamente fueron casi cuatro veces más que la anterior elección general, el capítulo no está cerrado.
Adicionalmente a la rendición de cuentas de los recursos extraordinarios recibidos, el TSE ha quedado sumamente lesionado ante la opinión pública al haber permitido el incumplimiento de los requisitos legales que siempre se ha exigido a los candidatos a los cargos de elección popular, para poder inscribirse.
La Ley de Probidad es sumamente clara y no permite interpretación u opción en el sentido que todos los candidatos deben de presentar el finiquito otorgado por la Contraloría General de la Nación si en el pasado han manejado recursos del Estado, siempre así se ha requerido porque la ley es clara y pretender interpretarla es improcedente.
Gracias a la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cada uno de los partidos políticos y de los candidatos tienen la obligación de cumplir con dar la información financiera, observando un techo máximo, informando de dónde provienen y quiénes son los donantes en dinero o en especie de los recursos que se utilizan y el TSE no puede delegar esta responsabilidad.
Para cumplir con la responsabilidad, perfectamente pudo haber requerido el apoyo de los profesionales de la auditoría y contaduría pública legalmente colegiados, pudo haber hecho un acuerdo gratuito u oneroso, de tal forma que en las 332 municipalidades, en la totalidad de las juntas electorales y en el mismo TSE, se le prestara el auxilio profesional para velar por la cuantificación de la propaganda, sea ésta en vallas, afiches, pauta radial, televisiva o impresa y de los regalos propagandísticos, fueran éstos tarjetas telefónicas, gorras, camisetas, banderas, etc.
También debió de auditarse el gasto en transporte aéreo y terrestre de los candidatos, de su comando de campaña, el montaje de los escenarios, el transporte de los concurrentes a los mitines y por supuesto la inversión o gasto que implica el día de la elección el nombrar y colocar fiscales -con transporte y alimentos- en cada una de las mesas electorales; así como llevar a los miles de votantes para facilitarles el concurrir a las urnas a votar.
En la mayoría de países democráticos se aplica la ley y el incumplir el techo de inversión, el no observar el período eleccionario sobrepasándolo o anticipándolo es motivo de sanciones, inclusive existen varios países en América donde ese incumplimiento es motivo, no sólo de sanciones penales, sino de anulación de las candidaturas a cualquiera de los puestos de elección popular.
El TSE debe rendir un informe público de lo actuado y de lo ejecutado, debe materializar la experiencia vivida y enviar al Congreso de la República modificaciones a la Ley Electoral y al Código Penal para evitar los abusos e incumplimientos electorales, no hacerlo es tan grave y negativo como el haber inscrito candidatos a puestos de elección sin las solvencias respectivas.