Cuando los nombramientos para ocupar puestos en nuestra vasta y mal organizada administración pública son hechos a base de amiguismo, compadrazgo o atendiendo intereses personales o partidarios, es raro ¡rarísimo! encontrar a un funcionario honesto, capaz y exitoso. Entre tantos ejemplos, cabe citar a quienes podrán saber mucho de medicina pero de organización hospitalaria o de ordenamiento financiero no conocen ni jota o a quienes podrán saber bastante de cómo sembrar papas pero, para diseñar la entrega de fertilizantes o pesticidas de manera eficaz y honesta andan perdidos por los Cerros de Úbeda.

Nuestra población no es tonta, aunque no sea muy exigente para ponerse a estudiar cada uno de los perfiles de los aspirantes a ocupar cargos públicos, sí es muy confiada. Todavía cree en las cualidades que dicen tener los aspirantes a ocupar la primera magistratura, a quienes les concede muy seguido el beneficio de la duda para escoger a sus colaboradores, también pensando que sus actuaciones van a estar apegadas a lo que dicta la ley. Pero está visto que esa misma población, a la hora de verse engañada o sorprendida percatándose de nombramientos que no han cumplido siquiera los requisitos mínimos, tarde o temprano va a pasar la factura, si no, vean cuántos expresidentes siguen caídos en desgracia por las mayorías.
Algo peor es comprobar muy seguido tremendas diferencias de criterio, malas o disímiles interpretaciones e incluso contradictorias decisiones entre los equipos de trabajo de los gobiernos. A mano está lo expresado por el actual Superintendente de Bancos, quien ni bien había asegurado no haber impedimentos para fiscalizar eficazmente los fideicomisos, la señora Contralora General de Cuentas le estaba demostrando que no era verdad y para demostrarlo, exhibía una reciente nota en la que se le dice que de acuerdo a la ley, la vigilancia e inspección de las operaciones del Banco de Guatemala sin distingo alguno, compete única y exclusivamente a la Superintendencia de Bancos.
¿Entonces podrá la Contraloría fiscalizar sin cortapisas los fideicomisos? ¿Dónde está la transparencia y deseos de cumplir con la ley cuando se nombra a un ministro de Salud que va a manejar muchos millones de quetzales sin llevar en la mano el finiquito en donde demuestre que son infundadas 22 sanciones administrativas, 2 denuncias penales en el Ministerio Público y un juicio de cuentas por Q619 mil 265? ¿Acaso no dicta claramente la Constitución que el Presidente debe cumplir y hacer que se cumpla la Constitución y las leyes?
Gobernabilidad es la capacidad entre la norma y lo que se hace; entre la regulación y los resultados; entre la oferta y la demanda de políticas públicas y servicios. Un país sin gobernabilidad no progresa, porque no existe estabilidad institucional ni la política necesaria; tampoco logra efectividad en sus decisiones ni la administración indispensable para manejar bien la cosa pública. ¿Vamos a seguir en las mismas?