Organizaciones de justicia coinciden en que se sigue hablando más de impunidad que de Estado de Derecho en el país. Analistas de diversos sectores de la sociedad opinan respecto a la impresión que deja la resolución emitida por la jueza Silvia de León Santos, al declarar con falta de mérito la investigación en contra de quien fue Fiscal General, Carlos David de León Argueta.

Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), manifestó que no se puede seguir dudando todos los días sobre la independencia e imparcialidad de jueces del Organismo Judicial (OJ), ni de la capacidad de las investigaciones del Ministerio Público (MP).

“Si durante la audiencia se argumentaba tener pruebas suficientes, y la juzgadora evidenció que no había elementos suficientes para poderlo acusar respectivamente, por lo menos debió dejarlo sujeto a proceso, pues se ha argumentado mucho alrededor del ex fiscal sobre la influencia que él ha tendido por parte del sistema de justicia” dijo Samayoa.

El jurista también se cuestionó si los jueces están realmente preparados para conocer este tipo de casos y la importancia que tienen sobre la población.  “¿Existió influencia sobre la jueza para que incidiera sobre estas personas y deje posiblemente impune delitos de ‘cuello blanco’? ¿Tendrá la capacidad o será realmente independiente?”, fueron preguntas que Samayoa dejó en el aire.

Por su parte, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia,  subrayó que el sistema de justicia está dando un mensaje totalmente negativo a la población porque, coincide con Samayoa al dudar de las razones de la resolución de anoche.

“No sabemos si la resolución de dejar absuelto a De León Argueta obedece a deficiencias técnicas en el trabajo del MP o si obedece a que la señora jueza emitió una resolución que responde a intereses que no sean de la justicia”, señaló Ibarra.

La analista resaltó que en este momento la población está recibiendo, de parte de las autoridades, un mensaje que habla más de impunidad que de justicia; en ese caso, calificó de negativas las actuaciones del OJ, del MP e incluso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Fundación Rigoberta Menchú también externó su opinión.  Eduardo de León, abogado de la entidad, dijo que resoluciones como esas lo que hacen es fortalecer el sistema de impunidad.

De acuerdo con el representante de la fundación, ya la población guatemalteca es incrédula del sistema de justicia, y que actuaciones de este tipo contribuyen a que todo el sistema nuevamente entre en duda. “Es un caso particular, pero a través de él se ve cómo funciona realmente todo el sistema de justicia” manifestó.

Ramón Cadena, de la Comisión Interna de Juristas (CIJ), señala que la decisión de la jueza fue apresurada y que puede provocar más impunidad en el país. “No puede alcanzarse un verdadero Estado de Derecho de esta forma. Les solicitamos a los jueces independencia de criterio y también suficiente valentía para oponerse a quienes detentan algún tipo de poder económico y político”, expuso.

Carlos Vega, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), concluyó manifestando que como espectador, Guatemala observó un posible tráfico de influencias o negociaciones.