Edgar Gutiérrez

Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)

La sangrienta batalla campal que tuvo lugar el pasado martes 25 de marzo en La Laguna, Rí­o Hondo, Zacapa, pudo haber marcado el término de una suerte de armisticio de los cárteles de narcotraficantes que operan en el territorio guatemalteco y que tienen conexiones con sus matrices en Colombia y los distribuidores mayores en México.

Este hecho podrí­a ser el fin de una «coexistencia pací­fica» que llevaba al menos unos seis años. Y aunque fuera un hecho aislado, comienza a desnudar una realidad que todos sabí­an, pero nadie admití­a oficialmente.

Tierra de paz del narco

Guatemala se afianzó en este último periodo como pequeño y estratégico territorio, seguro para los narcotraficantes. Esta prefrontera con los Estados Unidos se fue nutriendo de minúsculos cárteles de tráfico de droga, cuyas cabezas se multiplicaban y crecí­an en viva competencia, pero sin que llegaran a machucarse los cayos. Parecí­a que el mercado siempre pujante del consumo daba para todos y, por tanto, todos ganaban, siempre y cuando se respetaran las reglas del mercado entre ellos: calidad del producto, puntualidad de entrega, peso exacto y no interferencia en sus lí­neas de abasto.

Fue un periodo extrañamente inusual si se compara con las atroces matanzas entre cabecillas y tropas del narco en varios Estados de México, donde los fuegos cruzados siguen siendo múltiples: entre cárteles, dentro de los cárteles mismos, de las fuerzas federales de seguridad contra los cárteles, de cárteles contra fuerzas federales y estatales, y de fuerzas de seguridad estatales y municipales cooptadas por los cárteles que enfrentaban a balazos, como si se tratara de ejército de ocupación, a las fuerzas federales.

Visto desde lejos parecí­an las varillas de una rueda de bicicleta moviéndose a una velocidad inusitada. Un observador externo que quisiera descifrar las direcciones de cada varilla, pronto se rendí­a mareado.

La mampara del Estado

¿Qué permití­a tal coexistencia? A ciencia cierta se desconoce si hubo un acuerdo explí­cito o sobreentendido entre los cabecillas de no agresión. Lo cierto es que mientras los reportes de las agencias antidrogas de los Estados Unidos insistí­an con alarma que sobre el territorio guatemalteco pasaba, ya no, como hasta hace poco, el 60 por ciento de la cocaí­na que se consume en los Estados de la Unión Americana, sino el escandaloso 70 por ciento, acá nada ocurrí­a.

Así­ como los narcotraficantes no chocaban entre sí­ -o lo hací­an discretamente para no llamar la atención mediática- tampoco habí­a persecución contra ellos. Los decomisos de droga, dinero blanqueado y capturas de narcotraficantes notables disminuyeron de manera significativa año tras año, hasta volverse insignificantes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informaba del deterioro del cuadro, pero esta vez, a diferencia de 2002, no se adoptaron disposiciones polí­ticas que hicieran ver mal al Gobierno del entonces presidente í“scar Berger.

La debilitada Policí­a Nacional Civil -cual policí­a de pueblo, y no de Estado- donde era necesaria para los cárteles, era corrompida y serví­a a los intereses de los narcotraficantes que cruzaban su jurisdicción con absoluta seguridad, y a ciencia y paciencia de los mandos policiales, temerosos o también cooptados.

Ese estado silente tení­a un beneficio inapreciable para los cárteles: bajaban su perfil polí­tico, todos sabí­an que ahí­ estaban, que seguí­an creciendo y eran más influyentes, pero nadie se atreví­a a reconocer ese cáncer como tema de Estado. Con lo ocurrido en La Laguna esa discreción parece llegar a su fin.

Balas perdidas o inicio de la guerra

Se pueden ensayar al menos dos hipótesis sobre lo ocurrido el dí­a 25: 1) Se trató de un hecho aislado, el ajuste de cuentas por fallas, traiciones o incumplimientos de «contrato» dentro del llamado cártel del Golfo, y una vez escenificada la matanza las cosas volverán a su cauce, pues a nadie, entre los narcotraficantes, interesa seguir la matanza ni convertirla en guerra declarada, y 2) Es el final de la tregua, los códigos se han roto y la guerra de los cárteles de México se traslada a Guatemala, con su sangrienta secuela.

Si fuera este último caso, las autoridades guatemaltecas quedan ante hechos consumados y deben adoptar decisiones inequí­vocas: la guerra llegó a su patio interior y no pueden hacerse de la vista gorda ni aparentar neutralidad.

Eso ocurre justamente cuando el centro regional de operaciones antidrogas debe tomar cuerpo entero en Guatemala, el plan Mérida está por adoptar lí­neas estratégicas, México sigue su batida contra los cárteles, Colombia propina golpes contra la espina dorsal de las FARC aun arriesgando relaciones vecinas, y el gobierno del presidente ílvaro Colom apenas sale de la crisis de las maras, a la vez que desenfoca la conflictividad social adjetivizando a pobladores civiles de Izabal como «terroristas», cuando se le desnuda una pequeña parte de la realidad del narcotráfico que se nutrió tras la mampara polí­tica de los últimos tiempos.