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– CEG: Recientemente, se publicó el informe Centroamericano de Desarrollo Humano sobre seguridad y justicia, en el que usted participó como consultor. ¿Por qué un informe sobre desarrollo humano, seguridad y justicia?

– HR: Debido a que «la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población en América Latina y el Caribe y constituye un obstáculo objetivo para el desarrollo humano sostenible.» Por ello, es que el Informe considera como mensaje central que el problema de la inseguridad ciudadana sí­ tiene solución y que dicha solución es viable.

– CEG: ¿Cuáles describirí­a como los principales aportes de este informe para los Estados centroamericanos?

– HR: El contenido del Informe aporta en cuatro bloques especializados: Primero, en su bloque conceptual aclara el contenido y alcances de los conceptos de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Humano y Delito; sus interrelaciones, sus condicionantes y sus contenidos principales; segundo, en su bloque diagnóstico plantea una lectura regional de siete realidades nacionales basándose en datos oficiales, tanto los que aportan las fuentes gubernamentales como en los establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); reconociendo la debilidad de los registros existentes, lo limitado de sus efectos comparativos, y la posibilidad de estar estableciendo una lí­nea basal, según califican los profesionales de la estadí­stica; y tercero, en su bloque analí­tico destaca el funcionamiento de dos áreas: el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), y el triángulo sur (Nicaragua, Costa Rica y Panamá); áreas que aunque plantean resultados disí­miles actúan en forma combinada en la región.

A partir de esta perspectiva se procedió al análisis de los datos existentes tratando de buscar sus raí­ces y sus causas; los mitos y creencias más usuales en la región respecto al tema de la seguridad ciudadana y la justicia penal; los delitos silenciados, es decir, aquellos que se cometen contra la niñez, la juventud y las mujeres; así­ como de la delincuencia compleja (narcoactividad; crimen organizado; juventud, pandillas y maras; y corrupción e impunidad); y sobre las respuestas que se han dado, los avances registrados y las lagunas existentes, en un intento de leer el funcionamiento real de la cadena de componentes y actores del Sistema de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal.

Finalmente, en su bloque propositivo efectúa una invitación a fortalecer las acciones en favor de la prevención del delito, mediante la suscripción de un contrato por el civismo; sugiere la necesidad de contar con una buena organización y una buena administración; apunta a la conveniencia de iniciar o completar reformas; y propone lí­neas de acción para el tratamiento de los delitos complejos y el combate a la delincuencia silenciada. Un aspecto innovador se ubica en las propuestas efectuadas a la Cooperación Internacional, en el sentido de que se delimite la agenda de la cooperación regional; se promueva un nuevo trato de seguridad entre Centroamérica y otros paí­ses; y se dé una conversación más informada de la región con los Estados Unidos, México, Colombia y otros paí­ses aliados.

– CEG: ¿Qué similitudes y diferencias en materia de justicia y seguridad, existen entre los paí­ses, objeto de estudio en este informe?

– HR: Serí­a largo analizar cada caso en especí­fico; por ello creo que lo conveniente es mirar analí­ticamente las realidades que expresan los dos bloques geográficos antes aludidos, es decir, el triángulo norte y el triángulo sur, ya que es allí­ donde las similitudes cobran relevancia y las diferencias se hacen visibles. Desde un principio cuando se inició este esfuerzo, se acordó que el Informe no serí­a la suma de los estudios de siete paí­ses sino la lectura de una región. En este sentido -el del conocimiento de una región- el Informe aporta elementos para su comprensión y herramientas para el cambio.

– CEG: En el informe se habla de los delitos silenciados. ¿Cuáles son estos delitos y por qué están invisibilizados?

– HR: Como ya mencionamos antes, por delitos silenciados se entiende aquellos que se cometen contra la niñez, la juventud y las mujeres, en su gran mayorí­a catalogados como violencia intrafamiliar; son aquellas acciones que transgreden la ley penal sin quedar registrados en las estadí­sticas de la criminalidad, aunque sí­ dejan huella en la conciencia de las ví­ctimas y en la percepción de inseguridad de aquellos que les son próximos. Son conductas criminales derivadas de patrones culturales, psicológicos y sociales, que debemos superar, castigar y erradicar.

– CEG: La situación de violencia e inseguridad de Guatemala es preocupante. Las cifras presentan un panorama desalentador. ¿Cuáles priorizarí­a usted como los problemas más urgentes de atender y cuáles son las ví­as para abordarlos?

– HR: Aclarando que el Informe no trata esta dimensión en especí­fico, a mi criterio, los problemas relevantes para el paí­s en materia de Seguridad Ciudadana serí­an: primero, la violencia homicida en contra de pilotos y ayudantes del transporte público; y entre miembros de la narcoactividad y el crimen organizado; segundo, la existencia y funcionamiento de estructuras de poder clandestinas; tercero, la existencia de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos; cuarto, el deterioro progresivo de las instancias estatales responsables de velar por la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la justicia; quinto, el crecimiento incontrolado de las posibilidades de lavar activos provenientes de las operaciones generadas por la narcoactividad y el crimen organizado; y finalmente, el incremento en el control de territorios por grupos de mareros.

En ciertos niveles de delincuencia, una de las primeras acciones a efectuar deberí­a orientarse hacia mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado, para impedir la comisión de crí­menes y capturar a quienes los cometen y, a la vez, fortalecer el accionar de las instituciones del Sistema de Justicia Penal para que sean capaces de esclarecer los casos y aplicar la ley correctivamente cuando proceda. En esta dimensión, debemos considerar a la violencia ejercida por grupos armados del crimen organizado, a través de la comisión de ilí­citos vinculados a: secuestros, homicidios y feminicidios mediante sicarios, asaltos mediante el uso de motocicletas, extorsiones, estí­mulo a la corrupción y la impunidad mediante sobornos o amenazas, y al tráfico y trata de personas.

Para este tipo de delitos es urgente el diseño y ejecución de un nuevo modelo policial, estableciendo dentro del Ministerio de Gobernación o de Seguridad según el caso, dos diferentes instancias que podrí­an cooperar entre sí­ pero que actuarí­an por separado: una Policí­a Preventiva; y una Policí­a de Investigación Criminal Especializada, esta última en los términos que ha planteado Javier Monterroso (director de Incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales).

Cuando se trate de la violencia generada por los grupos armados de la narcoactividad y el crimen organizado, es indispensable reconocer la debilidad de las fuerzas militares del Estado para defender el territorio nacional ante la existencia de una amenaza militar de carácter interno. En este caso, me pronuncio a favor de la formación de Fuerzas Especiales subordinadas a mandos civiles, destinadas a contener este tipo de amenazas.

Para controlar y contrarrestar los efectos delictivos de las estructuras de poder clandestinas articuladas con la narcoactividad, el crimen organizado, y con mafias establecidas en las instituciones centralizadas y descentralizadas de los Organismos del Estado, que alimentan y facilitan procesos ilegales vinculados con el contrabando, el soborno, el cohecho pasivo, el peculado y la malversación, que inciden notoriamente en el deterioro progresivo de las instancias estatales responsables de velar por la seguridad ciudadana y en especial en la cadena institucional del Sistema de Justicia Penal, es indispensable fortalecer la capacidad de las agencias de inteligencia del Estado.

Muy cercano a este último contexto, y en tanto tal materia obligada de atención de las agencias de inteligencia del Estado, se encuentra el accionar de los cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos que prestan servicios privados de protección y sicariato mediante sistemas de inteligencia, espionaje, robo de información, suministro de armas y municiones, destinados a la comisión de ilí­citos en gran escala y de generar posibilidades para lavar activos.

Ante el incremento en el control de territorios por grupos de mareros, de donde se derivan extorsiones y operaciones de narcomenudeo, es fundamental considerar esta temática en la Agenda de la Seguridad Preventiva, pero articulada con la Agenda del Desarrollo, a fin de poder superar las condiciones que en la actualidad nos presenta a juventudes sin futuro; a pandillas sin controles; y a maras articuladas a la criminalidad internacional, reconociendo como afirma Emilio Goubaud, que en Guatemala la juventud posee un mejor acceso a las drogas y a las armas, que a la educación y al trabajo.

– CEG: Pareciera ser que nos encaminamos cada vez hacia una regresión autoritaria. ¿Hay formas de detener este proceso?

– HR: Todo parece indicar que nos encaminamos hacia ese escenario: un Estado débil; violentado por grupos militares al servicio de la narcoactividad y el crimen organizado; infiltrado por mafias vinculadas a la criminalidad internacional; que es incapaz de controlar su territorio, que es ajeno a la práctica democrática de la formación de consensos, de donde podrí­a emerger un proyecto de Nación Multiétnica, Plurilingí¼e y Multicultural, que es presa fácil de mafias y fuerzas autoritarias, que hoy por hoy feudalizan nuestra realidad polí­tica. Salir de ello representarí­a ser capaces de revertir estos efectos, tal vez mediante un entendimiento común para proceder a la refundación del Estado.

– CEG: Usted decí­a que es importante atender lo urgente y al mismo tiempo «entrarle» a las transformaciones estructurales que son procesos de largo plazo. Profundicemos en este tema.

– HR: Soy de la opinión que el proceso estructural que se ha incubado a partir de un modelo de desarrollo que genera pobreza, es el responsable de la mayor parte de los problemas que ahora nos agobian. Por una parte, no es visible una acción estatal coherente y firme tratando de frenar el proceso de empobrecimiento que padece la mayorí­a de la población. Proceso que se expresa en la pérdida de las fuentes de ingreso; el deterioro de la capacidad adquisitiva en materia de alimentos y servicios básicos; la disminución de la ingesta proteico-calórica; el incremento en los niveles de desnutrición en la niñez, madres lactantes y tercera edad; el aumento en los í­ndices de enfermedades prevenibles y en la morbilidad; y la presencia de periódicos episodios de hambrunas en las zonas más deprimidas del paí­s. Dicho en pocas palabras, es negarle el futuro a la gran mayorí­a de nuestra población.

Por la otra, es poco seria la interlocución que el Estado ha prestado a la conflictividad en el agro y a las causas que la provocan, especialmente en materia de minerí­a de cielo abierto, proyectos de hidroeléctricas y megaproyectos ubicados en territorios comunales indí­genas, sin consultar previamente a los afectados, ni respetar las decisiones asumidas en las consultas populares locales para la defensa de sus recursos naturales. Con ello se está violando el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo Sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indí­genas.

Es también alarmante, en tanto proceso estructural, no haber dado atención oportuna a la degradación ambiental ni a los evidentes efectos del Cambio Climático, visibles ya en nuestro territorio mediante el incremento de la temperatura; el aumento ya perceptible en el nivel del mar; la presencia de frecuentes desastres climáticos (huracanes, inundaciones, deslizamientos y deforestaciones); la disminución por contaminación de los recursos acuí­feros; la disminución de cosechas y la falta de alimentos que ha provocado inseguridad alimentaria en los sectores más vulnerables de la población; y el manejo inadecuado e irresponsable de desechos sólidos y lí­quidos, al igual que la emisión de gases de efecto invernadero.

– CEG: ¿Qué opinión le merece el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia en el que participan los tres poderes del Estado y el Ministerio Público y cuál es la viabilidad real del Acuerdo?

– HR: Al ser el primer acuerdo de Estado que se suscribe en nuestra historia polí­tica, el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia posee un amplio horizonte que podrí­a facilitar la mejora de muchas de las debilidades y problemas que ahora se nos presentan, si se sabe priorizar las demandas sociales y articular adecuadamente las respuestas a ellas pero, especialmente, si se aprovecha el espacio polí­tico generado al haber creado una Instancia Polí­tica de Convergencia de los tres Presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y del Fiscal General de la República, mediante la cual serí­a factible continuar la instalación y garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.