Atender las consecuencias para la seguridad alimentaria de los impactos de alto costo de la vida requiere de un compromiso multisectorial, aseguró el procurador de los derechos humanos, Sergio Morales.
lahora@lahora.com.gt
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentó al vicepresidente Rafael Espada un informe sobre los efectos de la inflación de precios en la alimentación de la población guatemalteca.
Morales señaló que el incremento generalizado de precios ocasiona que el consumo de alimentos se reduzca a cantidades extremas, lo cual resulta preocupante ya que esto tiene repercusiones en diversos aspectos del desarrollo humano.
«Cada vez menos personas tienen la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y con eso se genera otro tipo de problemas de largo plazo dentro de la sociedad», puntualizó.
Seguridad alimentaria
El Procurador condenó la falta de continuidad en los programas de seguridad alimentaria, lo cual también calificó como una violación a los derechos socioeconómicos de la población guatemalteca.
De acuerdo con el Magistrado de Conciencia, es necesario priorizar la atención a la alimentación de la población que habita en zonas rurales, donde la pobreza extrema se extiende en la mayoría de la población, ya que la accesibilidad en esas áreas al desarrollo es mínimo.
Entre tanto, Morales recomendó al Gobierno que se ajuste el presupuesto asignado a programas de seguridad alimentaria, ya que, a su criterio, este fue descuidado durante la anterior administración de Gobierno.
Compromiso
El vicepresidente Rafael Espada expuso que existe un serio compromiso del Gobierno para combatir el hambre, de tal forma que se pretende focalizar la atención a los municipios más pobres y, además, atender a comunidades con alto potencial en capacidad de producción de alimentos.
Según estudios extraoficiales, uno de cada dos menores de edad en Guatemala sufre de desnutrición crónica, y se estima que en sectores de pobreza extrema en el área de occidente, las cifras pueden ser aún mayores.
Para solucionar el problema, Morales presentó un informe con recomendaciones a la Vicepresidencia, que además contiene propuestas para solucionar otros aspectos relacionados con el desarrollo y calidad de vida de la población.
«Debe iniciarse con redefinir el modelo de desarrollo económico propio y reformas fiscales que permitan incrementar la inversión social, la creación de fuentes de empleo, el impulso de proyectos de desarrollo, especialmente de desarrollo rural, para erradicar la desnutrición crónica y severa, la pobreza y la extrema pobreza», refiere la PDH.
Pese a que el Gobierno tiene la principal responsabilidad para atender la seguridad alimentaria de la población en riesgo, Morales indicó que los esfuerzos en la lucha contra el hambre deben ser multisectoriales para poder combatir el problema de forma definitiva.