Nineth Montenegro, segunda vicepresidenta del Congreso, estima que nuestro país pierde 7 millardos de quetzales anuales por corrupción, por lo que las leyes de transparencia y anticorrupción generarían más recursos para el Estado, que la recién aprobada Ley de Actualización Tributaria.
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Según estimaciones de Nineth Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG) y segunda vicepresidenta del Legislativo, los estudios realizados reflejan que la corrupción estatal cobra anualmente Q7 mil millones, asegurando que en los últimos cuatro años se han perdido más de Q28 mil millones en relación de este tema.
Estas pérdidas, según la parlamentaria, se generan por las excepciones que otorga el Estado y en el supuesto de obras; “esto se debe a que la Ley de Contrataciones permite contratos abiertos, compra directa, especificando la compra a determinada empresa y sobre todo la modalidad de utilizar fideicomisos”, explicó la parlamentaria.
Asimismo, Montenegro señaló que la utilización de fideicomisos, que permiten que más del 86 por ciento de la obra hayan sido por excepción. “Esto quiere decir que los funcionarios tienen esa discrecionalidad de elegir a la empresa que ellos estiman pertinente y no siempre se ajusta a los temas de calidad de precio justo y cumplimiento”, reiteró.
MAYOR RECAUDACIÓN
Según declaraciones de ayer del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, se estima que con la Ley de Actualización Tributaria se llegue a recaudar poco más de un millardo de quetzales en el primer año (Q1,013.2 millones de quetzales), mientras que en los próximos años 2013-2015 se recaude más de Q4.2 millardos, sumando un aumento en la recaudación en los cuatro años de Q14 millardos, con la nueva ley.
Sin embargo, si se lograse evitar la corrupción anual en el Estado, que se estima en Q7 millardos, se lograría evitar la fuga de Q28 millardos de quetzales, el doble de lo que se espera aumentar con la nueva ley tributaria.
Montenegro aseguró que con la aprobación de las leyes de transparencia se podría evitar la fuga de unos Q6 millardos, los cuales ya estarían dentro de las arcas del Estado, pero serían recursos prácticamente nuevos, ya que la corrupción ha provocado el desangramiento del Presupuesto anual.
“El tiempo se terminó, porque ahora empieza una nueva carga tributaria que realmente va a requerir muchos dientes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sobre todo muchos controles. Si no garantizamos las Leyes contra el Enriquecimiento Ilícito y control de Fideicomisos, definitivamente no le estamos dando herramientas para hacerlo”, enfatizó la diputada.
ANÁLISIS
Por su parte Hugo Maúl, analista económico, explicó que todas estas leyes descritas dentro del paquete de Reforma Fiscal deberían aprobarse para mejorar la calidad del gasto, la transparencia, mejorar la gestión del gobierno, el combate a la corrupción y el tráfico de influencias.
“Lo que le interesa a la bancada oficial es que estas leyes se aprueben, ahora para aprobarlas de urgencia nacional debe, de nueva cuenta, realizar consensos y negociaciones más amplias, ya que este tipo de mecanismos los debilita”, afirmó Maúl.
NUEVAS LEYES
Otros diputados se han sumado en la creación de leyes de transparencia. Tal es el caso del parlamentario Álvaro Pop, presidente de la Comisión Nacional de Transparencia, quien informó que el próximo lunes estarán presentando un paquete de leyes de transparencia para que se aprueben de urgencia nacional, tal como se aprobó la reforma fiscal.
Buen paso, pero aún falta
Según el Acuerdo Gubernativo 36-2012 publicado el día 16 de febrero, por ningún motivo los ministerios, secretarías, fondos sociales, fideicomisos así como las entidades descentralizadas, podrán suscribir convenios de ejecución con Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s). La reforma establece que deberán ejecutar los proyectos mediante administración directa o por contrato. No obstante, no se establece limitación alguna para que los contratistas procedan a contratar a ONG para la ejecución de obra. “Es necesario asegurar que las ONG no metan las manos en el dinero del Estado, porque es una de las formas en que se enriquecen muchos funcionarios y no sólo de aquí en el Congreso, si no del Estado en general”, dijo un parlamentario que solicitó el anonimato.