Una oleada de protestas que apuntan en varias direcciones ensombrece la última semana de campaña del referendo revocatorio en que el presidente Evo Morales y las autoridades regionales se juegan su puesto el domingo, en medio de un ambiente que observadores de la OEA calificaron como polarizado.
La protesta de los mineros en el centro del país, con saldo parcial de dos muertos y 32 heridos en enfrentamientos con la policía, se convirtió en el hecho más grave. Según el gobierno boliviano, los mineros -que pretenden un cambio en la ley de jubilación- intentaron volar un puente con dinamita.
Mientras tanto en Tarija, en el extremo sur del país, una nutrida protesta de organizaciones opositoras consiguió su objetivo de forzar la suspensión de una reunión que Morales debía sostener hoy por la tarde con sus homólogos venezolano, Hugo Chávez, y argentina, Cristina Kirchner.
La policía intentó dispersar a los manifestantes, que proclamaban en las afueras del aeropuerto de Tarija que la presencia de los mandatarios tenía un objetivo claramente proselitista para favorecer las posibilidades de Morales (debilitando de paso al prefecto de Tarija, Mario Cossío) en el referendo del domingo.
Para el presidente Morales el no poder recibir a los dos presidentes es un duro golpe que se suma al hecho de que mañana no podrá viajar, por falta de garantías, a Sucre, capital constitucional de Bolivia, donde debía leer el informe de gestión con motivo del día nacional del país.
En el departamento de Chuquisaca -del que Sucre es capital- exigen que para que el presidente pueda viajar allí se disculpe públicamente por los tres muertos que hubo por la represión a una protesta en noviembre de 2007.
No son los únicos frentes de conflicto: ya en cuatro departamentos opositores cerca de mil líderes cívicos y autoridades regionales se encuentran en huelga de hambre desde ayer en procura de que el gobierno les regrese recursos de los impuestos del gas.
También los maestros protestan en la central Cochabamba y los minusválidos fueron reprimidos en La Paz, todo lo cual configura un panorama de confusión a cinco días de un referendo en que el presidente y ocho de los nueve prefectos pondrán en juego sus cargos.
El referendo entra en su recta final en medio de las dudas sobre su constitucionalidad y por los cuestionamientos sobre los porcentajes de votos fijados por una ley parlamentaria y luego modificados internamente por la Corte Nacional Electoral (CNE).
Según la ley que convocó al referendo para que una autoridad sea revocada de su cargo se requiere que haya un porcentaje de No superior al que obtuvo en las elecciones de diciembre de 2005. Los prefectos fueron elegidos con votaciones que fluctúan entre 38 y 48%.
La semana pasada sin embargo la Corte Electoral señaló que en el caso de los prefectos serán removidos sólo si el No sobrepasa el 50%, una medida que fue protestada por el gobierno.
En cambio, la CNE mantuvo el porcentaje para la revocatoria de mandato del presidente y su vice, a más del 53,7%, que es lo que el binomio obtuvo en los comicios de final de 2005.
Sobre estas discrepancias el ex canciller boliviano, Manfred Kempff, señaló que para el referendo «será muy difícil que la violencia esté ausente porque las reglas no están claras, y cuando algo es turbio se impone la ley del garrote».
El jefe de la misión de observadores de la OEA, el ex vicepresidente guatemalteco Eduado Stein, expresó en La Paz la preocupación por la polarización que se vive en Bolivia, señalando que «hay liderazgos que quisieran que el referendo revocatorio se convirtiera en un obstáculo a la gobernabilidad».