Para Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, es «absolutamente inaceptable» que la justicia guatemalteca haya dado trámite a la querella penal en contra de Santiago Pedraz, quien investiga los hechos de genocidio.

La reacción del juzgador español fue dada a conocer en medios de información internacionales durante un seminario sobre Justicia Penal Universal.

«Creo que las instancias correspondientes en ví­a diplomática deberí­an de presentar la queja correspondiente porque es una intromisión intolerable en la función jurisdiccional», manifestó el magistrado a los medios de comunicación, y añadió que se puede discrepar en cuanto a la competencia de España en ese caso, pero que no se puede formular una querella contra el juez instructor «que lo único que está haciendo es investigar de acuerdo con las normas de España y de acuerdo con las normas internacionales sobre la materia», enfatizó.

Reacciones

José Luis Alejos, abogado de Aní­bal Guevara, manifestó: «las declaraciones del juez Garzón denotan un completo y total desconocimiento sobre los argumentos de la querella presentada, porque la razón fundamental se debe a que el juez Pedraz no hizo las investigaciones que legalmente se encontraba obligado a realizar, para poder comprobar la veracidad de los hechos denunciados».

Alejos añadió que «es mucho más grave e inaceptable que Pedraz, haya emitido una orden de captura, en la cual ni siquiera se tomó la molestia de verificar que las fechas de los acontecimientos denunciados eran las correctas», y añadió que ese punto fue el que motivó a Guevara para emitir la denuncia contra el juez español, para lo que «existen las instancias jurisdiccionales y diplomáticas correspondientes», enfatizó.

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, indicó que esa entidad, que además emitió la denuncia en España contra los militares investigados, está «totalmente de acuerdo con el juez Garzón».

«Nosotros esperamos que la denuncia fuera declarada sin lugar desde el momento que fue interpuesta, el hecho de darle trámite no hace más que evidenciar que aquí­ hay una protección definida a las personas que son responsables de graves crí­menes de genocidio y delitos de lesa humanidad», expresó el jurista.