Se puede hacer mejor


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Un año es un lapso corto, en el que según el presidente Pérez Molina se han sentado bases para el resto de su periodo de gobierno. Con cada inicio de una administración del Ejecutivo, se afirma que se empiezan a construir las bases para planes de largo plazo con visión de país. Esto, sin embargo, debería cambiar.

Luis F. Arévalo A.
lufearevalo@yahoo.es


Durante este corto tiempo, el Ejecutivo parece haber hecho todo cuanto pudo para impulsar proyectos decisivos en algunas áreas estratégicas. Así como el cierre de Fonapaz cayó de sorpresa esta semana, de esa manera se percibió el impacto cuando se aprobaron algunos decretos en el Congreso de beneficio para la administración de Pérez Molina, que al final de cuentas eran parte de su plan de gobierno, ya anticipado en la campaña, como la reforma tributaria y la institucionalización de programas sociales dispersos en diferentes ministerios.

Si bien es cierto que este gobierno goza de mayor espacio para el beneficio de la duda sobre su gestión y todavía está marcado por buenas expectativas de los diferentes sectores, hecho avalado no solo en propuestas electorales sino en la imagen de diálogo que transmite sobre algunos temas específicos –porque no en todos tiene apertura– para marcar una tendencia de verdadero cambio, que de verdad perciba la población, faltan temas importantes que abordar.

Si bien es cierto que los hechos de violencia que terminan en homicidios marcan una tendencia a la baja, estos vienen disminuyendo desde hace al menos dos años, si no es que un poco más. Es decir que hay otro tipo de causas que se deberán investigar por expertos sociales y de seguridad para saber qué es lo que ocurre con esa tendencia, porque en esos tópicos incide hasta la tasa de crecimiento de la población, que en la última década disminuyó de 2.75 a 2.45 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística.
Los sucesos que causan impacto en la mayor parte de la población y que determinan la percepción de las personas, son los que también deberán cuidarse y valorarse mejor de manera inmediata, si el gobierno al final de cuentas quiere apuntarse un éxito contundente y no solo mediáticamente.
 
En la parte laboral, el gobierno tiene retos importantes, que parece que tratará de superar con la legalización de algunas formas de contratación que ya se dan en el país, pero que no gozan de la aprobación de parte de algunos sectores laborales, ya sea porque no conocen la dinámica del mercado de trabajo guatemalteco o porque existe desinformación interesada al respecto.

Con las iniciativas de Ley que el Ejecutivo presentará dentro de poco para promover la atracción de inversión e incentivar la creación de empleo formal, es imprescindible que se tenga consenso con el sector laboral –del empresarial ya se tendría el aval–, no solo con los mismos representantes de siempre, que quieren todo para sí mismos –y que la mayor parte del tiempo carecen de propuestas realistas–, sino con la mayor parte de trabajadores posible, y sobre todo que la información no se tergiverse, como ocurre con la reforma a la carrera del magisterio.

En la parte de transparencia, obviamente la administración de Pérez Molina tiene mucho por solventar, no solo por su gobierno, sino por el estigma que sufre toda la administración del Estado. Para eso hay que recordar que existe la Contraloría General de Cuentas, a la que el Congreso debe dotar de instrumentos para fiscalización. Y de parte de esa entidad, evitar el conflicto de intereses para investigar, tal como que su titular también laboró en el clausurado Fonapaz, ya sea de asesora o algún cargo administrativo.

Es cierto que la tendencia empresarial en el gobierno no se puede ocultar y nada de malo tiene mientras los éxitos de empresas de cualquier persona o contratista no se deban a privilegios otorgados por el Estado, pero no se pueden aprovechar las áreas protegidas para promover negocios a costa de los recursos de todos los guatemaltecos, como aparentemente se estarían promoviendo o mandar al «perro guardián» para suprimir el descontento.

Un periodo de gobierno es muy corto para resolver todos los problemas urgentes del país, pero debe aprovecharse para tomar las decisiones importantes.