El presidente de la República, ílvaro Colom, podrí­a vetarlo; al referirse a ello sostuvo que «esta semana se tomará una decisión fundamental entre la cultura de vida y la cultura de muerte».

Colom hizo énfasis en el pasado violento de Guatemala, sosteniendo que ha sido un «paí­s lleno de sangre», según las palabras del mandatario; los estudios y consultas legales están por dar su fruto, razón por lo que la decisión de vetar o no el la ley se podrí­a resolver previo al fin de semana.

Organizaciones como la Unión Europea han fijado la postura, en la cual han hecho un llamado al Jefe de Estado guatemalteco, instándolo a vetar el proyecto que reestablecerí­a la posibilidad de ejecutar a reos. Norberto Carrasco, embajador de Francia en Guatemala, argumentó que la postura de la UE es clara al oponerse a cualquier ley o medida que permita la pena capital.

Mientras tanto, en el Congreso esperan por la decisión de sancionar o vetar la ley. El primer vicepresidente del Congreso, Arí­stides Crespo, explica que si el mandatario deja la normativa en el limbo, el Congreso podrí­a ordenar su publicación en el Diario Oficial.

El Presidente contaba con 15 dí­as (de los cuales ya han transcurrido ocho) para sancionar o vetar la ley, pero recomendaciones extranjeras lo han envuelto desde la aprobación en el Congreso. Si pasado el Lunes Santo el mandatario no toma una decisión, el Congreso de la República, en sesión ordinaria, podrí­a ordenar la publicación de la norma en el diario oficial, de contar con el respaldo de 105 legisladores, pues se tomarí­a como un «veto de bolsillo», explicó Crespo. Pero si el Ejecutivo la veta, el Congreso conformarí­a una comisión especí­fica y rechazarí­a la decisión con 105 votos y ésta cobrarí­a vigencia a partir de su publicación. «Semana Santa es un tiempo propicio para este tipo de decisiones», advirtió el Primer Vicepresidente.

El pasado 12 de febrero el Congreso de la República aprobó, con mayorí­a calificada, la iniciativa de ley que restituye en el Presidente de la República la potestad de otorgar o no el indulto presidencial. El Legislativo dio luz verde a la pena de muerte cuando sucedieron los asesinatos contra pilotos de transporte colectivo y ahora, la mayorí­a de bancadas han mostrado su interés porque la ley se cumpla debido a la violencia que también se refleja en linchamientos y ejecuciones extrajudiciales.