El gobierno de Colombia anunciará en las próximas horas el procedimiento que usará para trasladar a cientos de rebeldes de las FARC presos a lugares de concentración provisional, antes de que recuperen su libertad, en una decisión unilateral rechazada por esa guerrilla.
El texto de un decreto del presidente Alvaro Uribe que dará inicio al proceso fue sometido el miércoles a consultas finales, reveló una fuente del entorno presidencial.
Los guerrilleros serán trasladados a un «sitio de concentración temporal», con plenas condiciones de seguridad y luego «a un sitio más amable» hasta su libertad definitiva, dijo a la AFP José Obdulio Gaviria, consejero personal del presidente colombiano Alvaro Uribe.
La excarcelación masiva la encabezará el denominado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, según reveló la revista Semana en su edición electrónica.
De acuerdo con la publicación, el alto comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, visitó el miércoles a Granda en la cárcel y le notificó la decisión, ofreciéndole irse para Francia, Suiza o Cuba, una vez haya recuperado la libertad.
El asesor Gaviria además aseguró que la decisión de excarcelar a los rebeldes, anunciada por el mandatario el viernes, no tiene ninguna intención oculta y se realizará pese al rechazo del mando central de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El martes un grupo de noventa guerrilleros de las FARC detenidos en la cárcel de Palogordo (noreste) anunció que no acepta la propuesta.
La cúpula de las FARC ha anticipado que no acepta iniciativas unilaterales, aunque se dice lista a recibir a un emisario de Francia para dialogar sobre un intercambio humanitario de rebeldes presos por secuestrados en su poder.
Al presentar la iniciativa el viernes, Uribe dijo que la misma obedecía a una «razón de Estado» que no podía revelar y que debía estar lista el 7 de junio.
El mandatario la presentó además como encaminada a obtener un «gesto recíproco» de las FARC para el canje de 56 secuestrados –entre ellos la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt y tres estadounidenses– por rebeldes encarcelados, sin desmilitarizar dos poblados como exige el grupo rebelde.
Una vez se divulgue el texto del decreto, se comenzará el traslado de los guerrilleros escogidos de entre unos 1.000 que –según el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín– han manifestado su intención de acogerse a la iniciativa.
Al final el número de excarcelados será de entre «350 y hasta 400 pero el alto comisionado para la paz será quien defina» el número final, explicó el consejero Gaviria.
Según Gaviria, en cada caso se escogerá una figura jurídica pertinente, entre un amplio abanico que va desde «un indulto o una amnistía», la libertad por cumplimiento de la mayor parte de la condena e incluso el sometimiento de algunos de ellos a una ley de «justicia y paz».
Esa ley fue aprobada por el Congreso para facilitar la desmovilización de unos 31.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) a cambio de penas de máximo ocho años para delitos atroces.
Las FARC sostienen que la excarcelación es una «cortina de humo» para ocultar el escándalo que tiene en la cárcel a 12 congresistas aliados de Uribe –y a uno más en fuga– por presuntos nexos con paramilitares de ultraderecha.
Uribe ha anunciado que en paralelo a la liberación de los guerrilleros, promoverá una iniciativa para que los políticos y colaboradores de los paramilitares que confiesen sus delitos paguen sus penas por fuera de la cárcel, pero no podrán volver a la vida política.