Es opinión generalizada que el control sobre el libre tránsito de vehículos en todo el país terminó de salírsele de las manos al actual gobierno. Los bloqueos ahora son tan comunes que cualquier hijo de vecino coloca piedras, ramas u otro objeto útil para impedir el paso y se arma de cualquier cantidad de insolencia para decir que está en su derecho protestar por lo que a su muy particular juicio es de importancia. Han sido tantas las interrupciones del tránsito que ya perdimos la fecha desde que tales medidas de hecho se volvieron costumbre y luego se transformaron en ley, a pesar del cúmulo de daños y perjuicios que ocasiona a la comunidad y a las reiteradas veces que se le ha solicitado a la autoridad que lo corrija. Vivimos en anarquía. Las minorías se enseñorearon sobre las mayorías.

¿Y ahora qué? Es la pregunta que nos hacemos al encontrar un bloqueo. El viernes de la semana pasada presencié cómo un puñado de patanes encapuchados utilizando dos autobuses de los rojos, una vez pintarrajeados, los atravesaran en la Calzada Aguilar Batres que conduce hacia la Costa Sur. La violenta medida aduciendo el pago del cinco por ciento que se le adeuda a la Universidad de San Carlos causó durante CUATRO HORAS tremendo descalabro en la vital arteria y en las zonas 11 y 12 adyacentes. Hubo choques, agresiones y fricciones, lo que pudo haber ocasionado heridos y muertos entre la gente que no tenía nada que ver con la medida, mucho menos alguna responsabilidad de lo que estaba ocurriendo. El  congestionamiento se extendió enormemente provocando una psicosis colectiva con diversas demostraciones de ira ante su incapacidad de poder resolverlo y sin que las autoridades hicieran algo.
    Finalmente, las fuerzas policiales dispusieron disolver al grupo que causaba el bloqueo, pero el daño impunemente se había ocasionado. Enormes pérdidas económicas se habían causado a la ciudadanía honrada dedicada a trabajar, a producir o a atender sus obligaciones, mientras el Estado, organizado supuestamente para proteger a la persona, a la familia y a garantizarle a todos sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona brillaba por su ausencia. Las preguntas siguen siendo las mismas: ¿qué están esperando las autoridades para cumplir con sus deberes y responsabilidades?; ¿buscan que la gente haga justicia por sus propias manos, porque es notorio que ganas no le faltan? Si no se termina este libertinaje y anarquía de una vez por todas se está propiciando un zafarrancho de padre y señor mío con ingratas consecuencias. Nadie discute el derecho ciudadano de protestar y manifestar. Claro que las leyes del país se lo permiten pero, no existe disposición alguna que ello autorice a alguien violar los derechos de los demás y peor aún si son los de las mayorías. ¿Hasta cuándo, señor Presidente?