En la sabiduría popular esta expresión se utiliza cuando a una persona en el sector privado o público se le viene al suelo su apariencia por cuanto que con sus hechos y actitudes contradice la moral, la ética y las normas de comportamiento y de trabajo.

Es sabido que todo ser humano tiene virtudes y defectos. Cuando alguien se le nombra en un puesto donde su capacidad está sobrepasada rebasa sus habilidades y evidencia su incompetencia. José Ortega y Gasset acuñó el aforismo: “Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”. Algo igual es lo que Laurence J. Peter denomina “jerarquiología”.

Una persona con perseverancia puede lograr un título universitario, con astucia puede colocarse dentro de una entidad pública, con servilismo logra el apoyo del jefe o de los miembros de la cúpula de la entidad, ser incondicional e inclusive ayudarlo a graduarse, con esas argucias ir trepando en la estructura política de la entidad y ser postulada.

Siguiendo la inadecuada costumbre que existe en la política nacional de saltar de un partido a otro, aprovechar las posibilidades y oportunidades para convertirse en un perro de ataque, asociarse con quien le sea conveniente y necesario para producir todo tipo de acusaciones.

Aplicando las artes puede mejorar su apariencia física, con cirugías, con tratamientos y asesorías que le enseñen a vestirse menos mal, a cambiarse el peinado, alargarse las pestañas y uñas. Todo le dará hasta cierto límite la posibilidad de ser alguien que llame la atención. En Guatemala, a diferencia de otros países, un diputado puede iniciarse en un partido, ir y venir a cuatro partidos distintos a través del tiempo; puede lograr que le nombren a sus exmaridos, hermanos, hijos, en diferentes puestos, puede permitirse el lujo de quedarse en la habitación con otro diputado de diferente sexo o llevarse en una invitación oficial al extranjero como su acompañante de dormitorio a su piloto por sus relaciones tan estrechas; puede tener amoríos con canchitas, canchitos y morenitos y no traerle mayores consecuencias, puede acusar con o sin fundamento, incluso puede faltarle el respeto con megáfono en mano al pleno del Congreso y lanzarle a otro diputado cualquier objeto. Todo eso puede suceder, lo que no puede ningún político, mucho menos un funcionario público es pretender que el presidente y el vicepresidente de la República asuman los caprichos o ilegalidades que esa persona cometa. Una cosa es estar en el Legislativo y otra totalmente distinta estar en el Ejecutivo.

No es secreto que el Registro de la Propiedad Inmueble es uno de los lugares más lucrativos a los que puede aspirar un abogado. Si se revisaran las cuentas bancarias de los registradores que han fungido en el pasado se mirarían las enormes fortunas que han amasado, también se encontrarían cheques girados a nombre de diputados o de otros con quienes han compartido los enormes recursos que perciben. Pretender afirmar que los ingresos son “honorarios” y no contribuciones públicas obligatorias por un servicio, es una clara muestra de soberbia e ignorancia.

Si alguna duda existiera, bastaría leer los editoriales y opiniones que se han producido, donde sin excepción concuerdan que el Registro de la Propiedad está sujeto al control de la Contraloría General de la Nación. Por tanto, pretender que la Presidencia pida a la Corte de Constitucionalidad una opinión al respecto es un abuso público y la persona que lo pide debe renunciar. “Lo que natura non da, Salamanca non presta”.