Más de 1 mil 500 elementos de las fuerzas castrenses se incorporaron a las labores de seguridad ciudadana el pasado 14 de junio, según las autoridades, para fortalecer las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en materia de seguridad ciudadana.
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Sin embargo, expertos consultados creen que la presencia del Ejército no reducirá ni prevendrá los hechos de violencia, como ya ha ocurrido con estrategias similares de gobiernos anteriores. Así surge la pregunta: ¿Por qué no se invierte y fortalece a la Policía?
En un acto conmemorativo realizado la semana pasada, del que participó el presidente Otto Pérez Molina y funcionarios de los ministerios de Gobernación (Mingob) y de la Defensa, se incorporaron más de 1 mil 500 elementos de las fuerzas castrenses en las labores de seguridad ciudadana.
El mandatario dijo que el despliegue militar permitiría colaborar con las acciones que realizan los miembros de la institución policial, al menos hasta que se concluya con el proceso de reforma policial.
Pérez Molina agregó que esta acción es parte de la promesa a la población, de brindar protección, aumentando la presencia de las fuerzas de seguridad en nueve localidades con altos índices de criminalidad.
Según el anuncio realizado por el jefe de Estado, los efectivos del Ejército serán ubicados en tres departamentos, pero tendrán presencia en nueve.
El despliegue de occidente se instalará en Huehuetenango y también cubrirá Quiché y Alta Verapaz. Las operaciones del área sur serán dirigidas desde Escuintla, y tendrán cobertura en Suchitepéquez y Santa Rosa. Por otro lado, las actividades de oriente se centralizarán en Zacapa, con despliegues en Izabal y Chiquimula.
La inversión para desplegar esta fuerza de seguridad sobrepasó los Q100 millones, según Erick Escobedo, portavoz del Ministerio de la Defensa.
“Para la implementación de estos tres nuevos escuadrones reservistas de seguridad ciudadana se están empleando Q108 millones, para entrenarlos, uniformarlos, equiparlos y adiestrarlos; esto también incluye las instalaciones donde estarán habitando y todos los vehículos que se les están asignando para efectuar los patrullajes vehiculares y a pie”, indicó Escobedo.
El portavoz refirió que estos grupos prestaron servicio militar con anterioridad y fueron capacitados durante dos meses por el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el equipo de la Cruz Roja Internacional de México, que impartió una capacitación sobre derecho humano internacional.
FUNCIONES Y FACULTADES
Escobedo explicó que con los tres “escuadrones” instalados la semana pasada suman en total nueve los grupos que están capacitados para colaborar con la seguridad ciudadana, aunque asegura que los 21 mil elementos que hoy integran el Ejército están al servicio de la población para apoyar a la fuerza de seguridad civil.
El portavoz dijo que las funciones del Ejército son de apoyo a la PNC y por eso no pueden actuar individualmente, pero indica que, como cualquier ciudadano, podrían capturar a un delincuente si fuera necesario.
“Los que tienen la facultad para capturar y hacer la prevención es la PNC y por eso se requiere del acompañamiento de un policía como mínimo en cada uno de estos equipos de trabajo, pero de acuerdo con la Constitución Política de la República, cualquier ciudadano puede efectuar una captura –y poner al detenido a disposición de la Policía– cuando en presencia de otra persona esté efectuando un hecho ilícito, fuera del orden o fuera de la ley, esto no es facultad solo del Ejército o de la PNC, esto es facultad de cualquier ciudadano”, indicó.
Entre las funciones específicas de los miembros del Ejército están coadyuvar con el mantenimiento del orden público, proteger a los ciudadanos y sus bienes, mantener puestos de control y registro, realizar patrullajes a pie y motorizados, y prestar seguridad en puntos de incidencia delictiva; éstos pueden ser en paradas de buses, mercados y escuelas.
Según Escobedo, los elementos castrenses portan armas cortas –pistolas–, aunque al menos uno de los integrantes del equipo de seguridad ciudadana debe usar un arma larga para prevenir un ataque y tener capacidad de respuesta.
COMPETENCIA DE PNC
Diego Montenegro, experto en Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), opina que la seguridad ciudadana es competencia de la PNC y por otro lado, el Ejército debe reforzar las fronteras y no involucrarse en estas actividades.
“No es al Ejército a quien le compete la seguridad ciudadana, sino a la PNC. El Ejército está encargado de cuidar las fronteras, de cuidar la soberanía del país y en casos extremos, de intervenir para la solución de problemas cuando sea necesario, pero de forma extraordinaria y no ordinaria como sí lo es la PNC. Insistimos en que se debe fortalecer a la Policía y que cada ente cumpla con su función”, dijo Montenegro.
El profesional explicó que el problema de la contradicción legal sobre las funciones de las fuerzas castrenses, no es el Ejército, sino de quien decide sobre la institución, quien tergiversa sus funciones.
“Si usted analiza el Artículo 244 de la Constitución, en su parte conducente establece que una de las características del Ejército es único, indivisible, esencialmente profesional, apolítico y, lo más importante al final, obediente y no deliberante, es decir, el Ejército acata instrucciones de su superior. También el Artículo 182 en su segundo párrafo establece que es el Presidente de la República el Comandante General del Ejército. No es el Ejército el problema”, reiteró el entrevistado.
Por aparte, Helen Mack, excomisionada para la Reforma Policial, indicó que la respuesta a la seguridad ciudadana debe ser de la Policía y en ella se debe invertir tiempo, recursos, y por eso considera que es importante implementar cambios para fortalecer la institución.
“Es la PNC la respuesta a la seguridad ciudadana y por eso era la importancia de la Reforma Policial; cualquier cuerpo de seguridad que va a lidiar con delincuentes está vulnerable a la corrupción, no necesariamente el Ejército es menos corrupto que la Policía, pero por otro lado las soluciones militares no son sostenibles en materia de seguridad ciudadana”, indicó.
La profesional dijo que las “Fuerzas de Tarea” como la Kaminal, la Maya y otras, no son sostenibles y no son la solución para enfrentar la violencia, porque la formación del Ejército es presencial y ocupacional, pero no realiza un trabajo preventivo y si lo hace es a través de la perspectiva militar. “El Ejército está llamado para la defensa no para la seguridad ciudadana y ahí es donde hay una confusión de conceptos”, dijo.
La excomisionada lamentó que la Reforma Policial “se cayó” a un año y medio de la administración de Otto Pérez Molina. “Desafortunadamente en año y medio que lleva el Gobierno yo diría que se cayó, yo no veo cambios sustanciales. El plan que se supone que fue aceptado y que se iba a implementar no se ha visto, empezando porque quienes están llevando a cabo la Reforma Policial no son policías y los que se tienen que reformar son los policías”, manifestó la directora de la Fundación Myrna Mack.
Los entrevistados fueron consultados para conocer sus opiniones sobre las razones del porqué las fuerzas castrenses tienen más credibilidad que la fuerza policial y concluyeron en que esto se debe a la desesperación por la inseguridad y porque la Policía no llena las expectativas de la ciudadanía.
“Es una esperanza –el Ejército–, igual lo harían si les decimos que podemos traer al FBI, a la Guardia Suiza, llegamos a un punto de desesperación donde lo que queremos es que alguien nos brinde seguridad, se ve en el Ejército una esperanza porque dicen ‘como la Policía no está funcionando como esperamos, entonces busquemos a otro ente que posiblemente nos la pueda dar’ ”, explicó Montenegro.
ANTECEDENTES
El analista Sandino Asturias realizó un análisis sobre decisiones presidenciales que involucraron al Ejército en tareas de seguridad ciudadana durante gobiernos anteriores.
El Acuerdo Legislativo 40-2000, “Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil”, de junio 2000, elaborado durante el gobierno de Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se publicó cuando la situación de violencia e inseguridad estaba en un nivel mucho menor. El acuerdo establece una serie de atribuciones: “Sin carácter limitativo, la asistencia y cooperación, incluye de manera especial el control y combate de la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, psicotrópicos y demás drogas relacionadas con la narcoactividad; los delitos de plagio o secuestro; el contrabando y la defraudación; la depredación de los bosques; la conservación del patrimonio cultural; el trasiego de armas y demás hechos en los que se considere conveniente el apoyo del Ejército de Guatemala. Además del apoyo para la seguridad perimetral de los centros de detención penal”.
En el gobierno de Óscar Berger, de la Gana, después de reducir el Ejército, bajo la dirección del entonces Comisionado Presidencial de Seguridad, general Otto Pérez Molina, actual presidente de la República, se publicó el Acuerdo Gubernativo 83-2006 que reformó el 178-2004, estableciendo que: “El Plan de Movilización consistirá en la captación de efectivos de la reserva disponible, que sean llamados a conformar cuerpos especiales cuya función será de carácter temporal para apoyar las tareas de restablecimiento o mantenimiento de la seguridad interna, en contra de las amenazas de la delincuencia y el crimen organizado, así como la ayuda humanitaria”.
El gobierno de Álvaro Colom de la UNE apoyó también la intervención militar en la Seguridad Ciudadana, además de incrementar el personal militar y la reinstalación de antiguos destacamentos militares, decretó reformas al Acuerdo Gubernativo 178-2004, mediante el Acuerdo 216-2011, que establece que: “Para que el Ejército de Guatemala pueda cumplir con el objeto (incremento del personal militar), debe contemplarse, dentro del presupuesto, una asignación a favor del Ministerio de la Defensa Nacional, de conformidad con la disponibilidad financiera, la que en ningún caso, podrá ser menor al 0.33% del PIB”.
“PIDEN AL EJÉRCITO”
La mayoría de comunidades azotadas por la inseguridad y la violencia exigen la presencia del Ejército y no de la PNC, a la que usualmente califican de “corrupta”; sin embargo, es en estas áreas donde la respuesta no siempre es la esperada.
El 6 de abril fue instalado un Destacamento Militar en Ciudad Quetzal, por la solicitud de conductores de mototaxis que eran víctimas de crímenes y extorsiones. Sin embargo, el pasado 22 de mayo, cuando ya estaba instalada esa fuerza militar, fue descuartizado uno de los pilotos identificado como Jorge Aurelio Maldonado Flores, de 27 años.
El 3 de abril en el kilómetro 14 de la Calzada Roosevelt fueron asesinados el piloto de un bus extraurbano identificado como César Augusto Guerra Ordón, de 33 años, y su ayudante.
Las víctimas se parquearon en la parada que se ubica en ese sector, cuando delincuentes los atacaron frente a dos elementos del Ejército que no pudieron actuar.
La zona 18 continúa en el mapa policial como una de las más peligrosas en la capital, derivado del repunte y recurrencia de crímenes, esto a pesar de que el 22 de septiembre del año pasado se instaló la Fuerza de Tarea Maya con un amplio despliegue de fuerzas castrenses.
Ante estos sucesos fue consultado el viceministro de Prevención del Delito y la Violencia de la Cartera del Interior, Árkel Benítez, quien dijo que con la instalación de un Gabinete Específico del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz se articularán esfuerzos, no solo de las fuerzas castrenses, sino de varios ministerios.
“Dimos un paso importante con la instalación del Gabinete Específico del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz; es un Acuerdo Gubernativo al que se le da una formalización a lo que nosotros le hemos llamado poner el gabinete al Consejo de Ministros para la seguridad ciudadana porque todos los que convergen son tareas directas o indirectas que inciden en niveles diferentes, pero con mucha importancia en la reducción de violencia y prevención del delito, aquí no es solo el Ejército quien participa, sino el concurso de todas las instituciones que generan un esquema integral”, refirió.
Según el funcionario, con esta disposición se pretende la prevención primaria, secundaria y terciaria.
Función del Ejército
Los Acuerdos de Paz suscritos en 1996 por Otto Pérez Molina –entonces General de Brigada–, que incluyen el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, delinearon nuevas funciones para las fuerzas castrenses:
“La misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación. Las medidas concretadas en el presente Acuerdo adecúan su doctrina, medios, recursos y despliegue a sus funciones y a las prioridades de desarrollo del país”.
Erick Escobedo
Ministerio de la Defensa