El arte de la política nació en la polis griega cuando los hombres libres tuvieron la oportunidad de intervenir activa y éticamente en la vida común. Se buscaba el bienestar de todos, especialmente cuando se trataban los problemas de la ciudad, tomando decisiones con fuerza vinculante para la autoridad constituida. Hoy en día, la participación real de los ciudadanos resulta imposible ante la magnitud del Estado moderno que sobrepasa la de la antigua polis. Por ello, es que la política dejó de ser un diálogo real entre los ciudadanos para decidir sus propios asuntos, sino la conquista y el ejercicio del poder a través de una maquinaria institucional llamada Estado.
De aquí parte que la toma de decisiones comunes se hayan restringido a unos pocos, enrareciéndose la política hasta tornarse en un estorbo para lograr el bien común. De esa manera es como el Estado actual, representado por quien encabeza una organización política, un ejército de funcionarios, sin faltarle los serviles de siempre; detenta la soberanía, promulga leyes y controla cuanta cosa le sea útil para satisfacer sus fines. Esta situación ha favorecido la aparición de formas despóticas, ya que los abusos de esta concentración de poder van en contra de la esencia misma de lo que debe ser toda sociedad: un ámbito pacífico de colaboración común, un conjunto de personas que lejos de ser títeres del Estado sean capaces de organizarse. De ahí que insista en la imperiosa necesidad porque la ciudadanía se asocie para permanecer unida para contener la omnipotencia del Estado.
Ante la reiterada pretensión de la alcaldía del Municipio de Guatemala, de utilizar reglamentos jerárquicamente inferiores a la Constitución de la República, para modificar las bases de recaudación del Impuesto íšnico Sobre Inmuebles (IUSI) transgrediendo la disposición que eso exclusivamente le corresponde al Congreso de la República, en cuyo seno se debiera ventilar con toda amplitud cualquier modificación que se pretenda hacer, es cuando debiera nacer la libre asociación, la creación de instituciones intermedias entre el individuo y el Estado para protegernos los particulares de la omnipotencia del Estado. Precisamente la libre asociación y creación de instituciones es un derecho y un deber ciudadano, una protección frente al peligro de un poder burocrático, impersonal y arbitrario. Sólo permitiendo la expresión de la opinión pública, se puede ejercer control sobre la autoridad. No, no se busca ni se trata de evadir impuestos o pagar lo menos posible, sino de legislar con estricto apego al derecho y a las leyes vigentes. Es que no se puede, ni se debe permitir a ningún funcionario dejar de lado el principio constitucional por el cual el sistema tributario debe ser justo y equitativo.