El ex presidente peruano Alberto Fujimori volvió hoy al banquillo de los acusados para enfrentar un cuarto juicio, esta vez por presuntos delitos de espionaje telefónico, soborno a congresistas y compra ilegal de medios de comunicación.
El proceso se inició pasadas las 09:00 horas locales en una sede policial al este de Lima, donde el acusado se encuentra detenido desde que fue extraditado desde Chile en septiembre de 2007.
Fujimori, de 71 años, ya ha sido condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos y tiene otras dos sentencias por corrupción a siete años y medio y a seis años.
En Perú las penas no son acumulables y prevalece la mayor.
En la audiencia inicial el fiscal supremo, José Peláez, enumeró una lista de 61 testigos que han sido convocados para dar sus testimonios, entre ellos el laureado escritor Mario Vargas Llosa, Susana Higuchi -ex esposa de Fujimori- y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar.
Vargas Llosa fue víctima de interceptación telefónica cuando era candidato a la presidencia en 1990, informó Peláez. El escritor finalmente fue derrotado en segunda vuelta en las elecciones de ese año por Fujimori.
El fiscal aseveró que la ex esposa de Fujimori «dará detalles sobre cómo era espiada telefónicamente» en su despacho del Palacio de Gobierno cuando aún no estaban divorciados.
«Uno de los principales objetivos del espionaje telefónico fue el ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, cuando era candidato presidencial y principal líder opositor en 2005», señaló.
Toda la labor de escucha telefónica, precisó Peláez, era realizada por Vladimiro Montesinos, quien fue la eminencia gris del régimen fujimorista, siguiendo órdenes de Fujimori.
«La interceptación telefónica se hizo de manera permanente y sistemática a personas que eran incómodas al régimen fujimorista (1990-2000)», anotó el fiscal.
Otros testigos darán cuenta del soborno y pago de sumas de dinero a diversos congresistas para que se pasaran a las filas de gobierno, y de la compra ilegal de un canal de cable como parte de una campaña para controlar la prensa y perpetuarse en el poder, añadió el fiscal.