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Cuando casi concluye el primer año de esta legislatura, la población de los 333 municipios en Guatemala sigue clamando para que terminen los ataques con arma de fuego.

No es secreto la capacidad y la libertad de la violencia común y organizada que ha demostrado estar bien armada.

La impunidad por la muerte de pilotos de buses urbanos y extraurbanos, muerte de mujeres y balaceras en la mayorí­a de zonas de la capital, son parte de ese descontrol.

Los criminales han superado la capacidad humana y material del Estado que casi está de rodillas, como han reconocido las mismas autoridades. Azote que no deja de sacudir la opinión pública nacional e internacional.

Diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano asesinados y calcinados; narcomatanza en Zacapa; dieciséis ciudadanos nicaragí¼enses tiroteados y calcinados; mortal enfrentamiento en Agua Zarca, San Antonio Huista, Huehuetenango cuatro casos de alto impacto con los que se está cerrando el telón delincuencial.

INTERESES

«No hay que indagar tanto, la razón es que estamos hablando de un mercado de armas y municiones de intereses empresariales, y, queda claro que hay diputados que defienden esos intereses», puntualizó Anibal Garcí­a, diputado independiente.

Subrayó que no es únicamente un tema de seguridad ciudadana donde se necesitan mayores controles, tipificación de delitos, regulaciones o controles de las armas que existen en Guatemala.

Estamos frente a un caso excepcional, los empresarios buscan regulaciones que no se adaptan a las necesidades actuales, pero no entienden que el Estado de Guatemala puede hacer valer su derecho constitucional de imponer el orden público, dijo Garcí­a.

El número de armas que circulan en el paí­s se mantiene en subregistro, Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, repitió el dato del Ministro de Gobernación Francisco Jiménez, acerca de que son más de ocho mil armas ilegales que circulan en el territorio nacional.

RIGOR

Marlene Blanco Lapola, Directora de la Policí­a Nacional Civil, ha pedido públicamente a los legisladores que aprueben instrumentos legales más severos para el control y la restricción del uso armas y municiones en manos de delincuentes.

Asimismo denunció ante diputados patriotas que el trasiego de armas al paí­s continúa cruzando desde las fronteras de Honduras y El Salvador.

También aportó recientemente las cifras de muertes violentas por armas de fuego que alcanzaron los 5,124 al mes de noviembre.

INICIATIVA PRIVADA

Danilo Mirón, de la Asociación Constitucional pro Derecho a tener armas, opinó que preocupa que no se ponen de acuerdo y con ello atrasan el tema.

Se va a poner peor porque no escuchan razones, van a tratar de hacer la ley más restrictiva, van a poner más trabas.

Criticó el seminario realizado por diputados, del no dijeron que modificaciones hicieron al documento. Van a violar el artí­culo constitucional con una clasificación de armas ambigua y poco técnica. Con la limitación en la compra de tiros estarí­a creciendo el mercado negro, advirtió Mirón.

La Ley de Armas y Municiones se debe ver como el derecho que manda el artí­culo 38 de la Constitución Polí­tica de la República, porque no es algo comercial sino la defensa de un derecho, apuntó.

DISCURSOS

Carmen Aida Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, opinó que hay falta voluntad polí­tica, «mucho discurso del diente al labio», dijo y se refirió que haya presiones polí­ticas o monetarias provenientes de algunos vendedores de armas y municiones.

La estrategia es evidente, Luis Enrique Mendoza Rodrí­guez, presidente de la comisión de Gobernación es dueño de dos empresas de armas y municiones. Además se ha visto como algunos se aseguraron que saliera beneficiado el ejército, a militares y vendedores de armas y municiones, señaló Ibarra.

Lamentablemente es profundo el desconocimiento del tema que tienen los diputados en general, apuntó.

Ese atraso para tener una nueva ley puede ser una trampa con la que quieran otorgar número ilimitado de licencias y municiones; pero debe ser restrictiva, agrego Ibarra.

También opinó que el ejército se quiere quedar con el control a través de la creación de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) y que no quede en manos civiles, son intereses que prevalecen, terminó Ibarra.

Juan Francisco Loranca, vocero del ministerio de la Defensa, expresó que hablar de un interés para que el Ejército esté interesado en mantener el control de armas y municiones es un poquito arriesgado.

El Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM), ha cumplido con el control que la ley le establece y las cosas han salido bien hasta el momento, y son los diputados quienes deciden y legislan dijo Loranca.

DECAM

19 años de existencia. Global 12 mil licencias para tenencia de armas en casa, anuales; 2,100 permisos para portar un arma. 4,000 renovaciones. Tramite promedio, 200 licencias al mes. Adicional se extienden licencias para empresas privadas que importan armas y municiones.