El debate sobre la prohibición o no del velo islámico integral se extiende como mancha de aceite por toda España, sobre todo en Cataluña (noreste), donde se suceden las prohibiciones municipales, mientras el gobierno socialista José Luis Rodriguez Zapatero duda en pronunciarse.
El Parlamento regional de Cataluña, una de las dos regiones más pobladas del país, debía pronunciarse este miércoles a favor o en contra de una moción, no vinculante, de dos diputados de la derecha que presionan a las autoridades regionales para prohibir el velo integral (buka o niqab) en todos los espacios públicos.
Este voto impredecible sucede a la adopción la semana pasada por parte del Senado español de una moción similar de la derecha pidiendo al gobierno que prohíba el velo integral en los espacios públicos.
Sus promotores consideran que España no puede continuar protegiéndose detrás de lo «políticamente correcto» y «mantenerse al margen del debate europeo».
Bélgica aprobó a finales de abril la prohibición del velo integral en todo espacio público y el debate se intensifica en Francia, donde un proyecto similar será presentado en julio en el Parlamento.
En España, donde la comunidad musulmana alcanza 1,2 millones de personas, pero donde el velo integral es ultra minoritario, fueron algunas localidades catalanas las que tomaron la delantera.
Nueve municipalidades de esta región que alberga importantes comunidades marroquíes y pakistaníes, prohibieron las últimas semanas el velo integral en espacios públicos, pero no por las calles.
Barcelona anunció la semana pasada idéntica decisión y el lunes lo hizo la localidad andaluza de Coin (sur).
Estas prohibiciones fueron decididas por iniciativas de diferentes colores políticos.
«Ella no quiere problemas. Ella me dijo: sustituiré la burka por un gorrito y gafas de sol», dijo a El País el esposo marroquí de la única mujer con velo integral en Cunit, una localidad catalana que votó la prohibición este fin de semana pasado.
El diario explicó que el marido habla en nombre de su esposa de 26 años, llegada a España hace nueve años, cuando aún era menor, porque no habla español.
La polémica plantea una situación embarazosa en el seno del gobierno socialista, dividido en dos de sus marcas de identidad: la defensa de la igualdad hombre-mujer y el respeto de las culturas que promoueve internacionalmente a través de su iniciativa de la «Alianza de las civilizaciones», apoyada por las Naciones Unidas.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo el lunes pasado en Cádiz (sur) que se puede dar la situación de que haya «más normativas municipales que burkas en España».
«El burka y todos los velos integrales no sólo suponen un problema de identificación. También atentan contra la igualdad y la libertad de las mujeres. Sin embargo, es un tema tremendamente complejo. Es un tema que debe abordarse desde la reflexión, porque si no, podría crear muchos más problemas», advirtió Aído.
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo que el gobierno estudiaba incluir una medida para restringuir el uso del velo integral en los espacios públicos en una ley que prepara sobre la «libertad de religión».
La poderosa iglesia católica española defiende el velo integral en nombre de la Constitución, que estipula que las personas e instituciones «tienen el derecho de manifestar sus creencias», dentro de los límites del respecto del orden público.
En cambio Amnesty international se pronunció el martes contra la prohibición, en nombre de la libertad religiosa y de expresión, considerando que no es el medio adecuado para los Estados de cumplir con su «obligación de proteger a las mujeres contra la imposición del velo integral».