Atender a las víctimas de la emergencia provocada por el terremoto y brindarles atención humanitaria, fue la prioridad del Gobierno durante las primeras horas luego del movimiento telúrico del miércoles. La reacción, luego del acontecimiento, reflejaría la falta de previsión de fondos para emergencias.
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) solicitó este año ampliación presupuestaria de unos Q15 millones, solo para continuar funcionando a partir de julio y así finalizar el año, pues contaban solamente con unos Q49 millones para todo el ejercicio. Si la ampliación no se realizaba, incluso el pago de salarios podía atrasarse varios meses, indicó en su momento Alejandro Maldonado, director Ejecutivo de la entidad. La ampliación fue solo de Q4.5 millones.
Otra institución que pidió incremento, fue el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes cada año solicitan al menos Q100 millones de presupuesto para dar cobertura en sus 127 estaciones a nivel nacional; sin embargo, el decreto que aprueba el Congreso de la República, le asigna menos Q50 millones, por lo que las labores, según indican, se dificultan.
Ambas entidades, con la emergencia del terremoto, debieron atender la situación con los recursos con que contaban. La solución que el gobierno encuentra para estos casos, es buscar recursos en otras entidades cuya ejecución sea baja o que no ejecutará todos su presupuesto y hace transferencias, pero a pesar de que los desastres provocados por fenómenos naturales parecen más frecuente en el territorio nacional, no se contaría con un fondo de emergencia que esté disponible para cualquier eventualidad.
DEBE EXISTIR UN FONDO
Conred no sería una entidad políticamente importante, según Carlos Martínez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) y “eso hace que su asignación presupuestaria normalmente sea muy pequeña y no alcanza para atender una emergencia significativa”.
“Todo Estado debería tener fondo para atender emergencias”, afirmó el experto, quien estima que no se debe restringir solamente a contar con recursos que en cualquier momento, a causa de una eventualidad como la actual, puedan utilizarse, sino que, además, se debe contar con infraestructura específica para las emergencias.
En ese sentido, Martínez enfatizó que se debe contar con centros para atención de eventualidades y “mantenerlos habilitados como si la emergencia fuera mañana”. Es decir, que se debe contar con una organización capaz de contrarrestar efectos de un desastre natural.
“Eso no lo tiene el Estado de Guatemala”, y por lo menos debería contar con unos Q500 millones acumulados para atender cualquier eventualidad, con todo el dispositivo que conlleva.
A falta de una dinámica de este tipo, es la cooperación internacional a la que se acude para que apoye con la mayor cantidad posible y, eso, a criterio del académico, “es un problema muy grave”.
DESASTRES
En Guatemala los desastres naturales, por lo menos desde hace 14 años, son recurrentes. En 1998 fue el huracán Mitch; en 2005, la tormenta tropical Stan; en 2010, se presentaron la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán de Pacaya. Aunque el invierno en este año fue menos intenso y por eso no se esperaban problemas ambientales derivados de las lluvias, el terremoto del miércoles provocó una emergencia solo con el precedente del terremoto de 1976.
Piden mejorar controles de transparencia
El Estado de Calamidad anunciado por el presidente Otto Pérez Molina, implica, entre otras cosas, que las entidades involucradas en actividades de emergencia pueden hacer compras sin licitar o por excepción.
La medida, facilita la reducción del tiempo necesario para realizar las compras indispensables que una emergencia requiere, sin embargo, expertos recomiendan prudencia con los gastos.
El economista Edgar Balsells, dijo que la emergencia le queda al gobierno “como anillo al dedo” debido al rezago que ha tenido en la ejecución presupuestaria durante este año. El experto señaló también que se deben listar las necesidades existentes, cuantificar costos y luego hacer las compras y procesos para la reconstrucción.
Además, Balsells comentó que se debe establecer cuáles entidades son las que se encargarán de centralizar las labores de dirección en el manejo de la emergencia, como el Estado de Calamidad contempla. Debería ser el Ministerio de Desarrollo, explicó, pero es una entidad todavía débil o el gabinete social, pero tampoco estaría bien conformado, indicó.
Por aparte, Marvin Flores, de Acción Ciudadana, dijo que es lamentable la situación que viven los afectados por el terremoto, pero que el gobierno debe priorizar controles para evitar malos manejos de recursos. El analista destacó que se debe emitir un acuerdo gubernativo que regule por lo menos en aspectos mínimos la forma en se hacen compras durante las emergencias.