Más de cien pobladores de cinco departamentos del paí­s se capacitaron en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información, en la cual realizaron 117 solicitudes de información a entidades estatales sobre temas que les interesan, principalmente de asuntos municipales y de infraestructura, dio a conocer el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Vicente Macario, poblador de Suchitepéquez, manifestó su complacencia por la capacitación que recibió por parte del GAM, en la que aprendieron sobre el derecho de los ciudadanos a exigir información; las autoridades locales nunca dan información de los proyectos, principalmente en las aldeas, dijo Macario, quien se trasladó hasta la ciudad capital para comentar su experiencia.

Macario agregó que con la Ley de Acceso a la Información se sienten “fortalecidos” para exigir la información ya que ahora saben que se trata de un derecho; antes no sabí­amos que tení­amos derechos, ahora podemos hacer auditorí­a social y nos hemos dado cuenta de la corrupción que existe, indicó.

Mario Polanco, director del GAM, manifestó que este ejercicio, realizado en cinco departamentos, Chiquimula, Jalapa, Chimaltenango, Suchitepéquez y Sololá, tuvo como principal objetivo crear ciudadaní­a; eso implica conocer las leyes y la manera en que se aplican, dijo.

Polanco señaló que al capacitar sobre la Ley de Acceso a la Información también buscan aportar a la construcción del Estado de Derecho; se conoce mejor a las instituciones, la manera en que se ejecuta la polí­tica pública y se ejercer presión, así­ es como se fortalece el Estado de derecho, anotó.

A decir del director del GAM, Guatemala es uno de los paí­ses más corruptos en el mundo en el que leyes como la de Acceso a la Información pueden jugar un papel fundamental, incluso para juzgar a funcionarios que se enriquecen a costa del erario público.

Tras culminar el proceso de capacitación, la entidad de derechos humanos determinó que los obstáculos para acceder a la información es que las unidades de información pública no cumplen con su función y los empleados públicos ignoran el proceso a seguir para admitir o responder a una solicitud de información.