Los Acuerdos de Paz marcaron como espacio para construir un paí­s más justo y menos desigual, la discusión democrática. A este llamado democrático respondieron las organizaciones sociales, los grupos campesinos, las universidades, los colectivos de pequeños productores y empresarios rurales. Por más de ocho años discutieron, con tres gobiernos distintos, propuestas para lograr el desarrollo rural. Esta apuesta de diálogo logró que, desde julio 2009, se encuentre en el Legislativo la propuesta de ley referida.

En los últimos 3 meses, 51 organizaciones se pronunciaron sobre los contenidos de la propuesta, en la mesa de reactivación económica creada al interior del Congreso: 37 entidades apoyan la propuesta y sólo 13 están en desacuerdo. La negativa férrea de la Cámara del Agro y el CACIF a la propuesta de ley, es una clara oposición a democratizar el uso de los recursos productivos, incluido el crédito, la tierra y la tecnologí­a. Quedó claro, en las audiencias dentro del Congreso, que la propuesta no contiene inconstitucionalidades.

Otros sectores de la sociedad guatemalteca, como el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, la Iglesia Católica y el Consejo Nacional para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se han pronunciado a favor de la iniciativa 4084. La realidad de hambre y pobreza en el campo es lacerante y demanda acciones de todos los sectores. El parlamento debe jugar su papel como uno de los tres poderes del Estado y ser garante del bien común.

La decisión de discutir y aprobar la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral está en manos del Congreso. La influencia de grandes empresarios, que con dinero financian las campañas polí­ticas, es muy fuerte sobre la mayorí­a de diputados. Las organizaciones sociales y campesinas que respaldan esta propuesta desde ya proponen a la población del área rural y la sociedad en general, que observen bien y estén alertas sobre qué partidos polí­ticos y qué diputados votan a favor o en contra de esta propuesta de ley. Se puede movilizar un voto de castigo en las próximas elecciones hacia los partidos, que en este perí­odo legislativo, se han opuesto a aprobar leyes de beneficio social como la Ley 4084 o leyes en el tema de justicia como la de extinción de dominio o la ley de empresas de seguridad privada.

La aprobación de la Ley se encuentra obstruida, pues los jefes de bloque no toman la decisión de remitir su discusión al pleno. En la última reunión de esta instancia, sólo UNE y URNG se pronunciaron a favor de darle el trámite correspondiente. Las otras bancadas se opusieron de manera rotunda o se abstuvieron de emitir pronunciamiento. El movimiento social y campesino demuestra aún tolerancia y espí­ritu democrático en un sistema que parece no funcionar, o que funciona según los designios oscuros del poder económico. Hoy, está en juego la credibilidad de la democracia como sistema de toma de decisiones sobre la vida de la población. Esperemos que el ideal democrático se concrete con la aprobación de la Ley 4084.