---

Ayer, Matus oficializó lo que prácticamente se asumí­a, tras la salida de Juan Luis Florido como jefe del MP y la posterior salida de aproximadamente seis altos funcionarios de la institución a cargo de la investigación penal; entre ellos: Patricia Lainfiesta y Jorge Luis Donado, titulares de las fiscalí­as de delitos administrativos y Crimen Organizado, respectivamente.

Aunque en la conferencia de prensa, Matus aseguró que su decisión se debió a razones de carácter personal y profesional; no dejó de rumorarse que José Amí­lcar Velásquez Zárate, Fiscal General, fue quien le pidió la dimisión.

Apreciación

Carmen Aí­da Ibarra, analista de la Fundación Myrna Mack, opinó que Matus ha estado «al frente de una fiscalí­a muy controversial y polémica porque llegan los casos de mayor impacto polí­tico y social del paí­s», declaró.

Ibarra indicó que de casi 6 mil casos de personas ví­ctimas de muerte violenta al año, la Fiscalí­a de Delitos Contra la Vida recibe más del 50%.

La entrevistada consideró que la gestión de Matus mejoró respecto a su antecesor (Byron Renato Durán), pero que «no logró llenar las expectativas de actores sociales y de la población», también refirió que su trabajo no complació a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Eduardo De León, analista de la Fundación Rigoberta Menchú, opinó que en medio de la salida de Matus, «prevalece una ausencia de polí­ticas claras respecto a la persecución criminal».

Para De León, la gestión de Matus mostró carencias en la fiscalí­a: «que van desde los recursos hasta las capacidades», indicó.

El entrevistado también resaltó que hubo «actuaciones que quedan en entre dichos, actitudes de los operadores que responden a una supeditación externa», entre las que citó como ejemplo el caso Parlacen, donde «se debió ir un poco más lejos; el tema es siempre sobre los autores intelectuales y es por ahí­ donde tiene que apuntar el qué hacer de la fiscalí­a», manifestó.

Perfiles

Ibarra consideró que quien sustituya a Matus tendrá «una tremenda carga de trabajo por solventar», y reiteró que más de 3 mil casos llegan a esa fiscalí­a cada año.

La analista dijo que debe llegar un fiscal especializado en criminologí­a, capaz de actuar con AUTONOMíA frente al influjo de ciertos grupos de poder en esa fiscalí­a, defender la autonomí­a de sus decisiones y la imparcialidad de las investigaciones y debe ser abogado penalista.

De León consideró que el próximo fiscal de delitos contra la vida «deberá tener una amplia carrera fiscal, honorabilidad, debe ser incorruptible y profesional».

El entrevistado añadió que «los retos son mayores porque hay una demanda social; una población desesperada por la impunidad y por la violencia».