La sorpresiva promulgación de 26 leyes por parte del presidente Hugo Chávez y la decisión judicial que prohibirá que varios políticos de oposición participen en las elecciones regionales de noviembre avivaron, esta semana, la tensión entre gobierno y oposición en Venezuela.
El 31 de julio los venezolanos fueron informados de un paquete de decretos promulgados por el mandatario horas antes de que expiraran los poderes especiales para legislar concedidos por el Parlamento un año y medio antes.
Pese a que los responsables gubernamentales aseguran que las leyes fueron debatidas antes de ser promulgadas, la oposición criticó un arrebato de totalitarismo de Chávez, quien, según ellos, intenta aprobar así una parte del proyecto de reforma constitucional rechazado en referéndum en diciembre de 2007.
«Garantizamos que las leyes fueron sometidas a análisis y revisiones exhaustivas», aseguró la procuradora general de la República, Gladys Gutiérrez.
Sin embargo, algunos aspectos contenidos en estas leyes como la reforma de la estructura y nombre del ejército, el control de Estado en la producción y comercialización de bienes básicos o las sanciones contra quien no garantice la justa distribución de la comida han provocado una lluvia de críticas.
«Sólo a una oposición como la que tenemos en Venezuela le puede dar vergí¼enza que la Fuerza Armada Nacional sea ahora Bolivariana. Sólo a una oposición como la que tenemos en Venezuela le puede molestar que se otorgue más poder al pueblo o se intente organizar el territorio nacional de forma más equitativa», lanzó Aristóbulo Istúriz, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presidido por Chávez.
Para la historiadora Margarita López Maya, el gobierno ha procedido «a espaldas de la gente», de manera «desafortunada» y en contradicción con el principio participativo que suponía ser el centro del modelo político legitimado en Venezuela.
«Creo que en el ánimo del presidente Chávez y la gente que le rodea hay una lógica de tipo revolucionaria, en la cual ellos pasan por encima de las instituciones cuando les conviene porque quieren realizar cambios profundos», declaró la experta.
A la cuestión del paquete de leyes se sumó la cuestión de las inhabilitaciones de varios políticos, la mayoría de oposición, que recibió el respaldo del Tribunal Supremo, el cual consideró que la sanción administrativa que les impide ejercer cargos públicos es «constitucional».
«El Tribunal Supremo tomó, en contra de los ciudadanos, la decisión de tirar por la borda y darle una patada a la Constitución», declaró uno de los inhabilitados más populares, Leopoldo López, que renunció el jueves a su aspiración de ser candidato a la alcaldía de Caracas.
Según el político, Chávez es el «autor intelectual» de esta decisión judicial porque tenía miedo de perder en lugares clave como la capital en las elecciones municipales y regionales del 23 de noviembre.
«La cuestión de las inhabilitaciones demuestra que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia están también alineados con esa lógica revolucionaria del gobierno», afirmó López Maya.
Ese afán de no perder tiempo, de no consultar las decisiones y de considerar las instituciones superadas por el proceso revolucionario bolivariano puede incrementar la tensión de cara a las elecciones regionales y municipales de noviembre.
La oposición, todavía débil, desconcertada y poco unida, intenta organizarse para protestar en las calles mientras el gobierno explica en numerosos foros el paquete de decretos y la constitucionalidad de las inhabilitaciones.
«El gobierno ha evaluado bien los costos de estas medidas aunque estas inhabilitaciones podrían tener un costo externo mayor de lo esperado», advirtió López Maya.
Un movimiento opositor venezolano denunció ayer que en el país se ha cometido un golpe de Estado y se ha instaurado una dictadura con la promulgación de 26 leyes la semana pasada.
El movimiento 2D, en referencia al 2 de diciembre de 2007, fecha en que fue rechazado en referéndum un proyecto de reforma constitucional, denunció en un acto público «dos golpes de Estado».
Uno de ellos consiste en la confirmación por parte de la justicia de las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que afectan a varios precandidatos, en su mayoría opositores, a las elecciones regionales y municipales del próximo noviembre.
El otro son «las 26 leyes que el gobierno aprobó, que ratifican las mismas cosas y peores a las que el pueblo venezolano dijo «no» el 2 de diciembre y esto no es otra cosa que la instauración de una dictadura», denunció Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional, y representante de este movimiento.
Chávez promulgó estos 26 decretos el día en que expiraban sus poderes especiales para legislar concedidos por el Parlamento hacía año y medio. Según el gobierno, estas leyes, que abarcan diversos ámbitos, no implican una aprobación a escondidas de aspectos de la reforma constitucional y fueron debatidas previamente por los sectores concernidos.
«Lo que el pueblo dijo «no» en las urnas ha sido decretado por el presidente de la República y ha sido suscrito, violando la Constitución vigente, por el Tribunal Supremo de Justicia», insiste el texto del movimiento opositor.
La oposición venezolana afirma que las leyes incrementan el control estatal sobre numerosos ámbitos y denuncia que el presidente quiere «que todos los venezolanos sean empleados públicos para amordazar a la sociedad».
Los representantes del movimiento 2D pidieron al pueblo que «vuelva a decir no» y salga «a las calles a protestar».
«Todo esto que está ocurriendo es la preparación del terreno para el verdadero objetivo que tiene Chávez, que es violar la Constitución para continuar gobernando después de 2012», cuando expira su segundo mandato, concluye el texto del movimiento.