Varios estados del sur de Estados Unidos se preparan para reanudar sus ejecuciones lo antes posible tras la decisión de la Corte Suprema que consideró constitucional la inyección letal, aunque otros estados siguen sumidos en batallas jurídicas que podrían durar años.
En las horas que siguieron al anuncio de la decisión el miércoles, varios gobernadores declararon que planeaban reanudar las ejecuciones, suspendidas desde fines de septiembre, a la espera de que la mayor instancia judicial del país se pronunciara sobre el método de ejecución.
La decisión de la Corte solo se aplica directamente al procedimiento de Kentucky (centro-este), el estado de los dos demandantes, pero varios otros estados consideran que concierne también a sus procedimientos similares.
«La decisión de la Corte Suprema estadounidense valida el método aplicado por el estado de Texas para aplicar la pena de muerte», declaró Rick Perry, gobernador del estado responsable de más de un tercio de las ejecuciones del país en los últimos 30 años. Según la prensa local, el fiscal de Houston ya pidió fecha de ejecución para seis condenados de su condado.
El fiscal de Oklahoma, Drew Edmondson, también reclamó una fecha de ejecución en los próximos dos meses para dos condenados, explicando: «Es tiempo de avanzar».
La decisión de la Corte «levanta la barrera que impidió que la justicia siguiera su camino desde hace un año», celebró su homólogo de Alabama, evocando una «victoria» bienvenida «en una época en la que muchos tribunales fueron demasiado lejos para crear derechos para los culpables».
El gobernador de Virginia, Tim Kaine, personalmente en contra de la pena capital, anuló sobriamente el miércoles una resolución que suspendía las ejecuciones en su estado, lo que reinstaura las fechas de ejecución de tres condenados. La primera está prevista para el 27 de mayo, aunque aún puede ser apelada.
Desde el jueves, Florida pidió por su parte a la Corte Suprema que autorice una ejecución suspendida en noviembre, alegando que el condenado no tenía ninguna posibilidad de convencer a los jueces de que su caso era diferente al de los condenados de Kentucky.
En cambio, los abogados de un condenado de Mississippi pidieron el jueves a la Corte Suprema que reconozca que el procedimiento en ese estado no presentaba las mismas garantías que el de Kentucky, especialmente en materia de dosis de anestesia y formación del personal penitenciario.
Ideada en 1977 con el fin de ofrecer al condenado una muerte pacífica y rápida, la inyección letal consiste en la administración de tres productos: el primero duerme al condenado, el segundo bloquea la respiración al paralizar sus músculos y el tercero detiene su corazón.
Si todo ocurre con normalidad, la persona pierde rápidamente el conocimiento y muere en pocos minutos. Pero si el primer producto es mal administrado, las dos inyecciones siguientes resultan extremadamente dolorosas, como manifestaron varios estudios científicos y una serie de ejecuciones fallidas.