Expertos consideran que las plazas en la Corte de Constitucionalidad del representante de los Organismos Legislativo y Ejecutivo, así como el de la Universidad de San Carlos, corresponderán a profesionales debidamente apalabrados para resolver de conformidad con lo pactado en relación a las candidaturas presidenciales cuya inscripción seguramente llegará al ámbito de ese alto tribunal. Eso deja al Organismo Judicial y al Colegio de Abogados como posiciones en disputa, donde se verá una intensa lucha en la que las facciones más conocidas harán todo el esfuerzo por controlar la designación de los magistrados titular y suplente.
Ayer se destapó ya la olla en lo que al Colegio de Abogados se refiere, puesto que, además, del surgimiento de una planilla para la elección de la Junta Directiva de la entidad, de su Tribunal de Honor y de la Comisión de Elecciones, se sumó también el surgimiento de un movimiento que se bautizó justamente con las iniciales del nombre de quien lo patrocina, el abogado Vladimir Aguilar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y, además, cuenta con el apoyo de uno de los más influyentes abogados del partido de Gobierno, el licenciado Edgar Rodríguez, que fungió como Ministro de Trabajo y ahora es Registrador de la Propiedad.
Siempre la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es crucial por las funciones que tiene esa instancia, no sólo en cuanto a conocer las acciones de inconstitucionalidad sino también, y de manera muy especial, en cuanto a las acciones de amparo, tomando en cuenta que la misma ley establece que todos los ámbitos son susceptibles de ese tipo de procedimiento que pretende la garantía de los derechos constitucionales. Pero en un año electoral y cuando existen abiertas postulaciones que van en contra de la normativa constitucional que establece no sólo calidades sino también prohibiciones para optar a la Presidencia de la República, es natural que esta elección sea mucho más importante porque hay ya cantado un proceso que deberán conocer, por fuerza, los magistrados que integren la Corte de Constitucionalidad y dada la materia, hasta la designación de los suplentes tiene especial relevancia.
Los grupos de la sociedad que se preocupan por el tema de la justicia en el país han demostrado su enorme interés por la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque siendo obvio que la conformación de la misma estará íntimamente ligada con el caso de la inscripción de candidaturas, todo el andamiaje legal del país puede verse seriamente comprometido toda vez que los criterios de designación serán muy concretos en cuanto a pactos sobre la materia, pasando por alto los enormes requisitos que debiera llenar un magistrado llamado a ejercer el control constitucional.