Aunque Zelaya todavía no ha hecho públicas las intenciones que se esconden detrás de esta reforma, la oposición lo interpreta como el deseo del presidente de ampliar su periodo presidencial de cuatro años, que termina oficialmente el próximo 27 de enero.
La guerra dialéctica alcanzó el miércoles un grado mayor después de que el presidente del Congreso denunciara que desde el gobierno «amenazan con asesinarlo».
Micheletti tildó a Zelaya de «trastornado» y de «querer quedarse con el poder en el país».
«Se ha contratado a un individuo para que nos haga el correspondiente asesinato y yo tengo la seguridad, me lo ha dicho la seguridad de la gente con que yo ando, que me han andado persiguiendo desde hace más de un mes», afirmó Micheletti.
Desde Nicaragua, donde asistía a una reunión de la Secretaría para la Integración Centroamericana (SICA), Zelaya le contestó que quienes «hacen esas denuncias tienen fiebre porcina y están delirando».
La mecha, la encendió Zelaya el 24 de marzo cuando convocó a una «encuesta popular» para junio, en la que se debería definir si en las elecciones generales -presidenciales, legislativas y municipales- del 29 de noviembre, los electores también se pronunciarán sobre el establecimiento de una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.
Según el dirigente del oficialista Partido Liberal (PL, derecha), Enrique Ortez Colindres, el mandatario está asesorado por sus aliados de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), encabezada por Venezuela y Cuba.
Con su voluntad de reformar la Constitución, Zelaya ha desatado las sospechas de políticos, incluidos los dirigentes de su partido, empresarios, iglesias y todos los grupos conservadores.
Los opositores a Zelaya le achacan que intenta seguir en el cargo para implantar el modelo socialista, pese a que él lo ha negado afirmando que no estará «ni un día más, ni un día menos» en el poder.
No obstante, ha reconocido que el actual modelo no resuelve los problemas de pobreza.
La Fiscalía del Ministerio Público (MP) interpuso un recurso de nulidad contra la «encuesta popular» ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que fue aceptado por el tribunal el 12 de mayo, aunque «sin suspensión del acto reclamado».
La Fiscalía simplemente reclamó la suspensión de la campaña propagandística emprendida por el Gobierno en favor de la «cuarta urna», como se conoce a su pretensión de que el 29 de noviembre también se vote el establecimiento de la asamblea constituyente.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también ordenó investigar la procedencia de los fondos de la campaña, al tiempo que se integró un Comité Cívico en defensa de la Constitución, formado por personalidades de distintos ámbitos.
El miércoles, la procuradora general de la República, Rosa América Miranda, llegó a la Corte de lo Contencioso Administrativo con «una posición institucional» para gestionar «que se admita la demanda (del MP) con suspensión del acto reclamado».
En respuesta, el ministro de la Presidencia calificó de «traidora» a Miranda y anunció que la funcionaria será recusada por el Ejecutivo.