He estado escribiendo, tanto en La Hora, Tribuna, No mostrador, como en el semanario Tinamit sobre este humillante padecimiento de la Patria, como consecuencia de la indigna sumisión a los dictados del gobierno de los Estados Unidos de América, de sus Fuerzas Armadas y de la red de sus empresas transnacionales, de parte de la élite oligárquica de la clase dominante guatemalteca, de la burocracia y altos funcionarios del Estado (de sus tres organismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como del alto mando del Ejército Nacional y de entidades e instituciones autónomas y descentralizadas del Estado.
He señalado las condiciones desventajosas para el país de la suscripción del TLC-CAUSA o DR-CAFTA, la modificación de más de una docena de leyes importantes, para acomodarlas al gusto y capricho de la parte poderosa del sedicente Tratado de Libre Comercio; la autorización para el saqueo de valiosísimos recursos naturales no renovables, como son los petrolíferos y de la minería, por corporaciones extranjeras; el adoctrinamiento a los alumnos de la Escuela Militar, para servir y defender los intereses de las poderosas empresas transnacionales petroleras y mineras, la liquidación del sistema de banca central y de control estatal del multimillonario tesoro del cambio monetario internacional, a través de la Ley de Libre Negociación de Divisas, otorgándoles ese privilegio a los grupos oligárquicos; el establecimiento de los principios neoliberales, para suprimirle poder al Estado, privatizando servicios públicos, incluso de educación, salud y seguridad social, infiltración de esa política neoliberal egoísta en centros escolares de la niñez y adolescencia, pero también en la educación superior no sólo en las universidades privadas sino también en la Usac, pero muy en particular en el Ejército Nacional que ha sido convertido en falange instrumentada del Comando Sur del Ejército de los EUA, para combatir el narcotráfico, el supuesto terrorismo y, además, a los emigrantes centro y sudamericanos, incluso a los nacionales que intentan ir a trabajar al norte del continente, pero lo que es peor aún se urden redes de pesca de los miles de millones de dólares que nuestros braceros que laboran en EE.UU. envían a sus familias en Guatemala; los intentos de modificar unas de las pocas leyes que favorecen a la población trabajadora, como lo es el Código del Trabajo, por medio de la también extranjerizante y perversa modalidad de aplicación de sus justos principios y preceptos, denominada de flexibilización laboral, so pretexto de hacer competitiva la producción y mercadeo de los artículos de exportación y consumo, suprimiendo derechos adquiridos por los trabajadores, que les garantizan un mínimun vital, a fin de incrementarles sus ganancias al empresariado oligárquico criollo y transnacional, el cual no obstante los privilegios de que goza, entre ellos el de la impunidad, ya que nunca es sancionado por su práctica evasiva para el pago de impuestos y, muchas veces de ilícita apropiación de los que recauda de sus trabajadores o consumidores, ahora pretende que sean los micro y pequeños empresarios del sector informal de la economía los que sostengan la carga tributaria.
Ahora, presento este escrito por la reciente y grotesca farsa de la mafia política de ese sector malinchista, representado en el Congreso de la República, por los diputados que en nombre de la «defensa de la soberanía nacional» votaron por la no aprobación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), cuando ha sido, por años, la que ha legislado al gusto y capricho de su amo imperial, para servirle a sus intereses, pero en este caso de colaboración de la ONU para exterminar los aparatos clandestinos de seguridad ?que debieran llamarse de inseguridad? y erradicar la impunidad, hipócritamente blandean como escudo de su cínica oposición, la soberanía nacional.
Si verdaderamente defendieran la soberanía debieran haber protestado ya y desautorizado al Organismo Ejecutivo por haber enganchado un eslabón más a esa agobiante e indigna cadena que nos ata al imperio del norte y al cual los medios de comunicación no le han dado importancia. Me refiero al Acuerdo por canje de notas entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo al estatus del personal militar y civil de los Estados Unidos de América que estará presente en la República de Guatemala, en conexión con el entrenamiento de operaciones especiales con el personal de las Fuerzas Armadas y de la policía guatemalteca y el espectáculo aéreo de abril de 2007 patrocinado por la Fuerza Aérea guatemalteca.
Acuerdo, cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el Diario de Centro América (el Diario Oficial) el viernes 6 del presente mes de julio. Acuerdo que preceptúa que estará en vigencia solamente durante el presente año, pero, lo cierto es que desde el año 2002 el Congreso de la República, cada año autoriza la presencia militar estadounidense. ¿por qué?, por denuncia que hicimos Ricardo Rosales Román y quien esto escribe, siendo diputados al Congreso de la República, ese año 2002, de la presencia ilegal de efectivos militares estadounidenses, pues se había violado el artículo 172 de la Constitución Política de la República que exige que esa presencia de ejército extranjero sea aprobado con mayoría calificada de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, el cual sí se ha respetado sumisa y complacientemente, tanto que en un principio sólo se autorizaba un número no mayor de 100 militares gringos, después 1000 y, a la fecha, sin límites. Además de la autorización de seis mil «expertos ecológicos», para preservar el medio ambiente en la biosfera maya.
En conclusión Guatemala, de cierta manera es ya un país ocupado y mutilado de soberanía.