Hoy hace ocho días vinieron dos investigadores del Ministerio Público a indagar si La Hora había enviado reporteros al sitio en donde se procesaban los datos de Mi Familia Progresa y que no era conocido por la opinión pública porque se sitúa en la trastienda, literalmente hablando, de un supermercado. Desde ese día, cuando publicamos la noticia, se produjeron las primeras manifestaciones de solidaridad que han continuado como repudio a cualquier intento por afectar la libertad de expresión.
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Otros medios de prensa, la misma APG, colegas columnistas y ciudadanos en lo particular, se han manifestado respecto a la importancia de preservar el acceso a las fuentes de información y, sobre todo, contra la instrumentalización del Ministerio Público para ejercer algún tipo de presión sobre un diario que pudo establecer dónde se realizaba una función pública que evidentemente querían mantener en secreto y lo divulgó en sus páginas. Ya editorialmente La Hora agradeció las muestras de solidaridad, pero las mismas continúan y se manifiestan de distintas y muy enaltecedoras formas. Pero acaso lo que más importa en este asunto es una crítica que se hace de manera más o menos constante, en el sentido de que llama la atención la forma en que el Ministerio Público, tan poco eficaz para realizar otras investigaciones, actuó con suma diligencia y rapidez para visitar las instalaciones de La Hora sin que hubiera ningún acto ilícito que perseguir porque, repito, simplemente actuamos en el ejercicio de los derechos amparados tanto por la Constitución Política de la República como de la Ley de Emisión del Pensamiento. Y es que hay temores muy serios de que pueda darse una tónica de confrontación con la prensa y nos han comentado que en algunos poblados se ha dicho que si los periodistas llegan a presenciar las entregas condicionadas, la gente reaccionará para expulsarlos o algo más. No creemos que sea el camino correcto incendiar a nuestra gente con una mentalidad de confrontación que no tiene explicación ni sentido, porque en honor a la verdad hay que decir que nadie está pidiendo la supresión de los programas sociales, sino simplemente de su transparencia que es algo que le conviene a la población y al mismo Gobierno. Tenemos la tranquilidad de que somos posiblemente uno de los medios que más ha insistido en que Guatemala necesita, desde hace muchos años, una política social de combate a la pobreza y eso no puede ser regateado por nadie. Hemos sido de los medios que han opinado abiertamente a favor de una revisión del sistema tributario nacional porque entendemos los enormes rezagos que hay en nuestra sociedad y la necesidad de combatirlos con inversión que beneficie a los menos favorecidos. Es más, hemos dicho que no compartimos la idea de que a nuestra gente haya que enseñarle a pescar en vez de darles el pescado, porque nuestra tesis es que no hay agua donde pescar ni peces que agarrar. Precisamente esta ayuda primaria, que todavía se puede mejorar mucho, crea condiciones indispensables para que luego podamos enseñar a pescar. No otra cosa es condicionar la transferencia a que el niño vaya a la escuela. Pero, como dije ayer, estoy convencido de que nuestro sistema tiene demasiados agujeros para alentar la corrupción y por lo tanto todo control y fiscalización son poco para lo que hace falta. Criticar la fiscalización carece de sentido, al menos para mí, porque la evidencia demuestra que vivimos en un país donde se diseñó todo un sistema administrativo de ocultamiento que hace florecer la corrupción y si no que lo digan los tristemente célebres fideicomisos y la contratación de ONG.