Se acabó el tiempo para la ley de desarrollo rural


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Aunque el Ejecutivo insiste que hay tiempo para aprobarla este año, la realidad en el Congreso señala lo contrario. La ley se suma al listado de iniciativas pendientes de aprobar.

Ana González
Agonzalez@lahora.com.gt

Si bien el discurso del Ejecutivo y la bancada oficial es de aprobar la ley de desarrollo rural este año, la realidad muestra la poca voluntad que hay por parte de los congresistas. Las posibilidades de abordar el tema durante las sesiones extraordinarias son casi nulas, ya que la agenda para esta semana es continuar con las interpelaciones a la ministra de Educación, Cynthia del Águila, y al titular de Cultura, Carlos Batzín.

“Debería de dejar de ofrecer la aprobación cuando es evidente que no tiene el respaldo de las cámaras empresariales, y ellos han provocado que sus representantes en el Congreso abandonen el hemiciclo y rompan quórum, antes de convocar el presidente a sus diputados debería de ponerse de acuerdo con las cámaras y respetar los consensos alcanzados y no permitir cambio alguno, sería  irrespeto a los pueblos someter a revisión la iniciativa”, señaló el presidente de la Comisión de Transparencia, Amílcar Pop.

La propuesta ha sido discutida en los últimos 12 años, y fue hasta ahora que se dieron muestras reales que el tema podía ser aprobado. Sin embargo, el sector privado mostró su rechazo, incluso algunas agrupaciones reconocen en voz baja que el tema no tiene apoyo. Algunos diputados incluso, acusan a algunos bloques de frenar el proyecto.

“Durante los tres intentos para aprobar la ley, pudimos observar que el Partido Patriota nunca logró tener los 63 diputados, en el caso de Lider sacó por completo a sus congresistas, al igual que otras bancadas que estuvieron jugando en tener parcialmente la presencia, hay una estrategia de fulminar y que concluye con la presentación de la iniciativa de ley de Lider, me parece que es una estrategia de compadre hablado”, aseguró el diputado de la UNE, Carlos Barreda.

La propuesta contempla varios puntos que a opinión de directivos de cámaras empresariales riñen con la Constitución. Por ello, sugirieron que el tema no fuera conocido, incluso elevaron el caso hasta la Corte de Constitucionalidad. Al parecer la acción tuvo su efecto, ya que los diputados no tienen interés en revivir el tema, de manera que será la próxima Junta Directiva la que tenga la responsabilidad.

“Por suerte la conoceremos en el mes de mayo, este es un tema que genera polarización y controversia, ya que algunos piensan que se habla de reforma agraria con fines confiscatorios y otros piensan que se quiere favorecer a los propietarios, es un tema necesario que debemos conocer”, manifestó el jefe de bancada de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira.

Si bien, los congresistas aseguran que el tema es necesario, también reconocen que no existe interés en el tema, por lo que se convertirá en el nuevo reto del presidente electo Pedro Muadi, congresista vinculado al sector privado.

La ley de desarrollo contempla la creación del Ministerio de Desarrollo Rural y un consejo con el objetivo de impulsar la economía campesina, resolver la problemática agraria, entre otros puntos. Pese a que el proyecto contaba con dictamen desde el 2008, este año los conflictos que generó obligaron a crear mecanismos de discusión como lo fueron las audiencias públicas que recogieron la postura de distintos sectores.

Meses después la Comisión de legislación presentó varias enmiendas que según las organizaciones campesinas, no perjudicaban el espíritu de la ley. Sin  embargo, el rechazo permaneció al punto que la ley quedó en suspenso. 

CACIF
Con derecho de petición

Tras los señalamientos que realizara la Convergencia Maya Waqib Kej al sector empresarial, Andrés Castillo, presidente del CACIF, indicó que las cámaras empresariales lo único que hicieron fue hacer uso del derecho de petición sin infringir la ley, además dijo que el sector privado ha participado activamente para dar a conocer su postura en las diferentes audiencias que se llevaron a cabo en torno a la iniciativa 4084.

Castillo mencionó que como sector privado no han coartado absolutamente nada para que se aprobara la ley de desarrollo rural, “nosotros manifestamos nuestra postura, lo cual se hizo bajo el ordenamiento jurídico, pero en ningún momento hemos sido irrespetuosos del debido proceso ni de las herramientas jurídicas”.

Señaló que la actitud de parte del sector privado fue contraria a la del sector campesino, quienes bloquearon carreteras, amenazando y lanzando ultimátum, lo cual va más allá del ordenamiento jurídico.