Organizaciones sociales consideran que la apertura pública de los archivos de la extinta Policía Nacional es apenas «un pequeño paso» para la búsqueda de la verdad sobre la desaparición forzada de unas 45 mil personas durante el conflicto armado en Guatemala.
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Graciela Azmitia, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua), estimó que a partir de que la población tenga acceso a unos 7.5 millones de fichas digitalizadas, se inicia otra etapa, en la cual los familiares de los detenidos desaparecidos durante la guerra interna «deben perder el miedo para llevar a juicio a los responsables».
«Aunque sea mínimo se debe aprovechar el momento, se debe presionar para que la información sea mayor y no solo el período más álgido del conflicto, se debe sacar de allí la verdad», adujo Azmitia, familiar de víctimas de desaparición forzada.
A criterio de la activista, a las organizaciones sociales y al gobierno le corresponde apoyar jurídica y económicamente a los familiares, en la búsqueda de la justicia.
«Toca llegar a un mayor nivel de coordinación con todas las entidades que están trabajando archivos, no solo de la PDH, sino los de la Sepaz, y otras organizaciones», apuntó.
Azmitia consideró que el acceso público y gratuito de los archivos custodiados por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) es fundamental para comprobar que los hechos ocurrieron.
«Muchas veces una cuenta su historia, su testimonio, pero no te creen. Se dice que eso es pasado, que debe haber un borrón y cuenta nueva, que sólo se están abriendo las heridas; pero jamás se han cerrado las heridas», enfatizó.
LOS CUERPOS
Para Fredy Peccerelli, director de la Fundación Antropológica Forense de Guatemala (FAFG), «este es un pequeño paso, en el que vamos a encontrar mucha información que nos lleve a dar con los responsables de los crímenes, pero falta encontrar los cuerpos de todas las víctimas».
Peccerelli adujo que la FAFG ha trabajado muy de cerca con los archivos de la PN, por lo que tienen la certeza que muchos cuerpos serán localizados en el cementerio La Verbena.
«Ahora entendemos que parte de la estrategia del Estado fue la desaparición forzada de las personas, dejando los cuerpos sin vida en las calles para que estos fueran recogidos y enterrados como XX; esa información sale de los archivos de la Verbena, PDH, y de otros como los del Organismo Judicial», dijo Peccerelli.
La Procuraduría de los Derechos Humanos presentó ayer el primer Informe Especial del Archivo Histórico de la Policía Nacional, el cual consta de 7.5 millones de folios disponibles, los cuales detallan el accionar de las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno.
El informe titulado «El Derecho a Saber», que coincidió con la apertura al público de los archivos, buscó dar respuesta a varias interrogantes, entre ellas: ¿Cómo funcionaba la cadena de mando, quién sabía, decidió o dijo qué, cuándo, dónde, cómo y en qué medida?, ¿Cuáles eran las relaciones al interior de la institución y con otras dependencias del Estado? y ¿Cómo evolucionó la organización institucional durante el período objeto de investigación?
De los fondos documentales identificados, hasta febrero de 2009, se tiene sistematizada información correspondiente a:
Las 21 Jefaturas Departamentales, se ha procesado lo correspondiente a la jefatura de Quetzaltenango;
Los siete fondos correspondientes a igual número de Cuerpos de la PN en la ciudad capital, dentro del período 1975-1985, se ha trabajado la totalidad del fondo de Cuarto Cuerpo y el 60% del Segundo Cuerpo;
De los 26 fondos restantes, que reúnen la documentación de otras estructuras, se han trabajado los del Gabinete de Identificación, la Dirección General, la Inspectoría General, el Centro de Operaciones Conjuntas y el Departamento de Investigaciones Criminológicas.