Sectores de derechos humanos ven con satisfacción condena contra Pedro García Arredondo, quien fue jefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional (PN), por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

“Es sumamente satisfactorio que un caso que llevo más de 25 años, haya llegado a sentencia”, dijo Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quien actuó como querellante dentro del proceso que sentenció a 70 años tras  las rejas al expolicía, Pedro García Arredondo.

El sentenciado fue encontrado culpable por el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, por la desaparición forzada de Edgar Sáenz Calito, estudiante de agronomía de la Universidad de San Carlos.

No obstante, Polanco resaltó que la condena es un paso dentro del proceso, porque aún queda determinar otro punto importante: dónde quedaron los restos de Saénz Calito, “es una limitación enorme porque los familiares continúan con la duda e incertidumbre de qué fue lo que ocurrió con él”.
Juana Batzibal del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), dijo que la sentencia recuerda que la búsqueda de la justicia por los desaparecidos del pasado no ha cesado y que la misma representa un avance más para que se erradique la impunidad en el país,  “nos satisface que estemos llegando al final de un túnel; ha prevalecido la aplicación de la justicia en este caso, ya es justo y necesario que las instancias estén tomando determinaciones concretas”.
Batzibal concluyó sus declaraciones diciendo que, es reparador que después de tantos años los crímenes contra la humanidad salgan de la impunidad.
Lucia Xiloj, de la Fundación Rigoberta Menchú, indicó que es importante en cuanto al esclarecimiento para los familiares de las personas que sufrieron desaparición y asesinato, “a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo vemos favorable que el sistema de justicia esté avanzando en emitir condenas respecto a los casos cometidos durante el conflicto armado interno , porque es una forma de que los hechos conocidos en la historia, mediante los informes de organizaciones de derechos humanos, sean respaldados por sentencias judiciales y que también sean valorados como medios de investigación”.

“UN RESARCIMIENTO”

Asimismo, Nery rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) admitió que ve la justicia en Guatemala se está aplicando en una forma independiente y objetiva, “Este (la sentencia) es un muy buen precedente para los casos de hechos de violaciones a los derechos humanos conocidos en el pasado, porque significa que a aquellas personas que se les han violado sus derechos, la justicia se pueda alcanzar”.

 “Es una forma de prevenir futuras violaciones a derechos humanos, de respetar la ley y de alguna forma es una manera de resarcir a los familiares de las víctimas; Guatemala es un país donde se está dignificado a las personas que fueron afectadas por el Estado en sus políticas de represión durante el conflicto armado interno” señaló Rodenas.

APELARÁN

Moisés Galindo, abogado defensor de García Arredondo, adelantó que presentarán apelación a la sentencia y que además interpondrán una acción de amparo porque consideran que el Tribunal no tenía competencia para conocer el proceso.