Cuando en tiempos de Berger el Ministerio Público afirmó que la protesta contra la instalación de una cementera en San Juan Sacatepéquez era obra de terroristas, uno podía pensar que la tipificación encuadraba no tanto en la ley como en el marco ideológico del régimen que había privilegiado el derecho empresarial y que en casos como el de las concesiones mineras demostró que la opinión de los pobladores no valía un comino. Sin embargo, cuando un gobierno que se dice socialdemócrata no sólo continúa con la cantaleta y respalda al mismo Fiscal que hizo aquella sindicación, sino que hace suyo el discurso para satanizar la protesta social, es preciso plantear la necesidad de revisar conceptos.
Se ha convocado a una mesa de diálogo sobre el tema agrario y al hablar de la conflictividad sobre el régimen de propiedad deben analizarse distintos ángulos, porque desafortunadamente los títulos de propiedad han sido objeto de tal clase de manoseo que dejaron de ser la absoluta garantía de la existencia de derechos reales. Y eso obliga a recurrir a los tribunales para dirimir conflictos, pero recordemos la opinión que todos los ciudadanos tenemos de la administración de justicia. ¿Cuántos ciudadanos acuden a los tribunales para buscar la aplicación de la ley tras sufrir algún delito o vejación? ¿Cuántos son los que confían en la diligencia y probidad del sistema para reclamar sus derechos?
En la plática cotidiana uno escucha a los ciudadanos soltar sapos y culebras contra nuestro sistema de justicia, por la impunidad que protege a toda clase de delincuentes. ¿Hay acaso un ciudadano que sienta que podemos confiar en los tribunales para terminar con el manto de la impunidad? Pero resulta que cuando se trata de problemas agrarios siempre se pide que se acepte la decisión de esos mismos tribunales vilipendiados por tirios y troyanos. Es curioso que los mismos jueces acusados de venales y corruptos, de quienes se dice que fallan de acuerdo al gusto del cliente, se transforman en modelo de probidad y conocimiento jurídico cuando se trata de decidir la validez de un título de propiedad en manos de un finquero y que es cuestionado por campesinos que reclaman derechos sobre la tierra.
Absurdo sería que por ser éste un gobierno que dice practicar la socialdemocracia inclinara la balanza siempre a favor de los campesinos, porque no todos los reclamos existentes tienen fundamento. Pero absurdo es, también, que tilden de terroristas a todos los que protestan contra un sistema que no funciona porque apenas si es diligente cuando quien reclama es poderoso y se vuelve inútil si el peticionario es un pobre pelado.