Un año después de su llegada al poder, en Francia, Nicolas Sarkozy ocupará a partir del martes 1 de julio el centro de la escena europea por seis meses, al asumir la Presidencia rotativa de la Unión Europea en un clima de crisis tras el «no» irlandés al Tratado de Lisboa.
Energía, clima y medio ambiente, inmigración, defensa y agricultura son algunas de las prioridades de Sarkozy para la UE, a pesar de que la cuestión institucional se llevará sin duda buena parte de la atención por la necesidad de resolver el problema creado por el referéndum negativo en Irlanda.
Otro proyecto clave para Sarkozy es la Unión Para el Mediterráneo (UPM), que reúne a los países europeos y los de la frontera sur del bloque, y que será lanzada con toda pompa el próximo 13 de julio en París.
El primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente sirio Bachar al-Assad estarán en principio presentes en la cumbre de lanzamiento de la UPM, que podría afirmar el papel de Francia y Europa de mediadores para una solución pacífica de los conflictos existentes en Oriente Medio.
Si Sarkozy planeó sus seis meses al frente de Europa como el momento para que Francia impusiese su sello y definiese hacia fines de año las nuevas instituciones previstas por el Tratado de Lisboa, entre ellas el «presidente de la UE», el «no» irlandés arruinó esas esperanzas.
Tras el fracaso de la última cumbre de Bruselas para encontrar una solución a la crisis institucional de la UE, Sarkozy tiene previsto visitar Irlanda el 11 de julio para tratar de comprender las razones del rechazo al tratado europeo, antes de volver a poner el tema sobre la mesa de los 27 a mediados de octubre.
Entre tanto, Sarkozy intentará obtener la continuación de la ratificación del tratado, presionando a República Checa, el país más euroescéptico, para que no dinamite el proceso.
En cuanto a sus prioridades, Francia insiste en su voluntad de no imponer sus puntos de vista, aunque el «Pacto Europeo de Inmigración» que quiere ver aprobado está muy inspirado en su propia política en la materia, controlada y selectiva.
Sobre clima y medio ambiente, el objetivo es lograr un acuerdo político sobre el plan de acción de la UE consistente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% de aquí a 2020 con respecto a los niveles de 1990.
Otra tema importante para Francia es el relanzamiento de la defensa europea, aunque en esta cuestión deberá avanzar con mucho cuidado, ya que Irlanda se muestra muy apegado a su neutralidad militar y cualquier gran proyecto en ese sentido puede jugar en contra de la supervivencia del Tratado de Lisboa.
Por último, París tiene la intención de abrir un debate sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) luego de 2013, fecha en la cual la UE dispondrá de un nuevo presupuesto.
Francia espera hacer aprobar, durante su Presidencia de la UE, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que confirmaría un endurecimiento de las políticas del bloque en este campo.
El acuerdo, en el que el ministro de Inmigración francés, Brice Hortefeux, trabaja desde hace meses, será presentado oficialmente el 7 y 8 de julio en Cannes, seis días después del arranque de la Presidencia francesa, durante una cita de los 27 ministros europeos encargados del tema.
El pacto se inspira ampliamente en el concepto de «inmigración escogida» que defiende el presidente francés, Nicolas Sarkozy, desde 2003, antes incluso de llegar al Elíseo, y que busca privilegiar la inmigración de trabajo en desmedro de la familiar, así como la lucha contra los clandestinos.
La idea, subrayó a la prensa Hortefeux, es que «en un espacio de libre circulación como es la UE», «cualquier decisión de un Estado miembro tiene repercusiones en sus vecinos», por lo que conviene adoptar reglas comunes.
El pacto, sobre cuyo principio Hortefeux dice haber logrado una opinión favorable de todos sus interlocutores, gira en torno a cinco prioridades.
La primera es la organización de la inmigración legal en función de las necesidades y capacidades de acogida de cada Estado miembro, afirmándose el principio de una inmigración «escogida y concertada, de tipo profesional».
También se trata de «proteger mejor a Europa mejorando la eficacia de los controles fronterizos». Hortefeux preconiza el uso de tecnologías modernas como la biometría, que mejore la eficacia de la agencia Frontex y una mayor solidaridad con los Estados miembros más expuestos.
El texto pretende también «sentar las bases de una Europa del asilo», puesto que las políticas de acogida de refugiados son sumamente heterogéneas, y busca la creación, desde 2009, de una «oficina de apoyo» para facilitar «el intercambio de información».
Otro principio, es el «desarrollo solidario» para «construir una asociación con los países de origen y tránsito».
Y finalmente, la prioridad sin duda más controvertida y la más exhibida por Hortefeux: la lucha contra la inmigración irregular. El ministro francés quiere en concreto que los Estados miembros se comprometan a no realizar más regularizaciones masivas, que considera como «incitaciones».
Entre 2003 y 2007, más de 2 millones de extranjeros en situación ilegal fueron regularizados en Italia y España.
El Parlamento Europeo también ha endurecido la política común frente a la inmigración, al adoptar, la semana pasada, la «directiva de retorno», que fija las normas de la UE para la expulsión de indocumentados: quienes rechacen el retorno voluntario podrán ser retenidos hasta 18 meses antes de ser expulsados y estarán impedidos de volver en los 5 años siguientes.
Por supuesto, la directiva, que busca instaurar reglas mínimas, no impedirá la aplicación de legislaciones nacionales más favorables, como la de Francia, pero muchas voces se elevan ya contra el concepto de una «Europa fortaleza».
Así, Jacques Delors, ex presidente de la Comisión Europea, y Michel Rocard, ex primer ministro francés, han criticado esta política que consiste en «comenzar con un proyecto que tiene que ver con la represión, antes incluso de que los 27 países miembros hayan debatido y decidido las condiciones de acogida e integración de los extranjeros no comunitarios».