El gobierno francés adoptó hoy la polémica reforma del sistema de jubilaciones, al día siguiente de que el presidente Nicolas Sarkozy ratificara su confianza en el ministro que se ocupa del tema, afectado por un escándalo vinculado a la heredera de la firma L»Oreal.
«Es un gran día. Recordarán este Consejo de ministros», afirmó Sarkozy, que presidió la reunión de gabinete que aprobó el proyecto presentado por su cuestionado ministro Eric Woerth, indicaron varios de los asistentes.
La reforma, que prevé aumentar de 60 a 62 años la edad mínima para acceder a la jubilación, y de 65 a 67 años la edad para cobrar una jubilación completa, pondrá fin al «símbolo» de la jubilación a los 60 años, establecido en Francia en 1983 por el presidente socialista Franí§ois Mitterrand y reivindicada por los sindicatos como una «conquista social» intocable.
Considerado como la iniciativa más emblemática del mandato de Sarkozy, el nuevo régimen de jubilación, que regirá plenamente en 2018, fue impulsado por el gobierno para salvar un sistema amenazado por el aumento de la esperanza de vida y las consecuencias de la crisis económica.
Su presentación estuvo a cargo del ministro de Trabajo, Eric Woerth, involucrado desde hace semanas en un escándalo político-fiscal que lo vinculó con un presunto fraude fiscal y con la financiación ilegal de la campaña presidencial de Sarkozy.
El proyecto de ley será sometido al debate de las cámaras de diputados y senadores a partir del 7 de septiembre.
«A fines de octubre ese texto será votado», aseguró el lunes el presidente francés en una intervención televisiva.
Sarkozy reafirmó su calendario, pese a estar preparando una remodelación del gabinete para octubre y a estar lidiando con varios escándalos que sacudieron al gobierno, por gastos abusivos y uso inapropiado de vivienda de función por parte de ministros, y con el caso Woerth.
Woerth anunció el martes que renunciará al cargo de tesorero de la Unión para un Movimiento Popular (UMP, derecha, en el poder), que ocupaba desde hacía ocho años, como le «aconsejó» Sarkozy, ante la embestida de la oposición que lo acusó de «conflicto de intereses».
El ministro fue señalado por la ex contable de la multimillonaria Liliane Bettencourt, heredera del grupo de cosméticos L»Oreal y tercera fortuna de Francia, de haber recibido 150.000 euros en efectivo destinados a la campaña de Sarkozy en 2007, lo que constituiría una financiación política ilegal.
El nombre de Woerth, que fue ministro de Presupuesto hasta marzo de 2010, y el de su esposa, aparecieron en unas grabaciones clandestinas hechas por el mayordomo de Bettencourt en las que se habla de evasión fiscal. Florence Woerth gestionaba además desde 2007 parte de la fortuna de Bettencourt.
Un informe de la Inspección General de Finanzas (IGF), divulgado el domingo por el Ministerio del Presupuesto, aseguró sin embargo que Woerth «no intervino», cuando era titular de esa cartera, para ayudar a Bettencourt a evitar controles fiscales.
Sarkozy le reiteró el lunes su confianza.
«Eric Woerth será el ministro que defenderá esta reforma según el calendario previsto», afirmó.
Sarkozy descartó cualquier modificación del aumento de la edad mínima prevista en el proyecto de ley, aunque dejó una puerta entreabierta a la negociación de otros puntos de la reforma.
«Escucharemos a nuestros interlocutores», declaró, aunque sin convencer a los dirigentes de los principales sindicatos, que insisten en que se trata de una reforma de «injusta» e «inaceptable».
El presidente «está sordo a los problemas» de los franceses, opinó Francois Chereque, de la CFDT, segundo sindicato francés, mientras Bernard Thibault, secretario general de la CGT, principal central obrera, aseguró que los anuncios del gobierno de «concertación (…) no han resultado en nada».
El responsable de Force Ouvrií¨re, otra central sindical, Jean Claude Mailly, acusó al ejecutivo de impulsar una reforma que «responde a las expectativas de los mercados financieros».
Los seis principales sindicatos franceses, que el 24 de junio sacaron a la calle a dos millones de personas contra esta reforma, ya convocaron a una manifestación el 7 de septiembre.
«Nada parece socavar su determinación de defender el pacto (…) sellado hace tres años entre el poder y el mundo financiero», afirmó el Partido Comunista Francés (PCF), para el cual esta reforma es un «gran corte de manga a la mayoría de los franceses».