La nueva minería en Latinoamérica coincidentemente inicia su desarrollo pocos años antes de que se inicie la crisis económica global, probablemente creada por quienes manejan los sistemas financieros mundiales a su sabor y antojo, es decir, quienes están detrás de los creadores de las ideas y de las políticas económicas dominantes en el Occidente, principalmente los verdaderos propietarios del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos, Wall Street y demás Bolsas de valores mundiales.
La minería es, sin duda, un factor de riqueza, pero debe desarrollarse una nueva cultura minera, ya que ésta tiene externalidades negativas sobre el medio ambiente. La nueva cultura debería asumir los cuatro pilares del desarrollo sustentable, que son: propiciar el crecimiento, aumentar la competitividad, favorecer la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente.
Con las transnacionales mineras no es posible razonar. Hablar de moral o ética con ellas es dialogar en una sola vía. Con ellas se habla de leyes, legislación y porcentajes onerosos. De allí los sobornos para que las leyes sean flojas… flexibles y sin normativas, con la intención de que no se puedan aplicar a favor de los Estados.
En América Latina existe un importante desarrollo de la normativa constitucional, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, no obstante, la capacidad operativa es insuficiente. La articulación entre la gestión minera y la normativa ambiental aún está estancada.
Según la CEPAL, la legislación minera considera la problemática ambiental, sin embargo, el concepto de pasivos mineros ambientales no ha sido muy desarrollado. Se trata de un asunto emergente con fuertes condicionamientos y presiones internacionales. En Latinoamérica el concepto de pasivo ambiental minero implica una pérdida patrimonial que generalmente es acumulativa en el tiempo. El daño continúa si no es enfrentado. El problema radica en cómo valorizar el daño y en quién debe asumirlo. Se requiere una capacidad endógena de fiscalización y valoración. El impacto negativo (alteración del paisaje, contaminación, acumulación de residuos, emisiones) causado por las operaciones debe ser determinado y valorizado por las autoridades, indicando las responsabilidades del caso y la forma de reparación del daño ocasionado: efectos sobre aguas, suelos, fauna, flora y comunidades.
Entre los factores que influyen en la pérdida patrimonial se cuentan: imprecisiones y carencia de normas legales; inadecuada capacidad de fiscalización y de respuesta de las autoridades. Los problemas en la gestión se deben a una fuerte volatilidad en la asignación de recursos públicos, debido a inercias y rigideces; falta de continuidad en las políticas y programas. En este sentido se debe garantizar la continuidad de los resultados favorables aunque su intensidad varíe en el tiempo.
Desarrollar la capacidad de gestión implica: Información (registro de pasivos mineros); metodologías para la determinación de los inventarios; evaluación y valorización, lo que implica identificar y priorizar los pasivos críticos; normas y reglamentos que regulen las operaciones y cierre de las minas; monitoreo: determinación de las líneas de base, supervisión de la aplicación de normas y de los viejos pasivos. Por último, contar con mecanismos para el manejo de las responsabilidades retroactivas, el papel del Estado y de la cooperación internacional.