Latinoamérica ha sido una reserva mundial de materias primas y, pareciera que de golpe y porrazo decidieron, quienes manejan la economí­a mundial, que es el momento de vaciar las reservas latinoamericanas al menor costo posible, arrasando a trote y moche y/o «a la malagueña», con todo lo que pueda oponerse.

El escenario descrito ubica a la minerí­a y a las empresas mineras en la cúspide de la presión sobre los paí­ses latinoamericanos para obtener concesiones fáciles y con enormes ventajas, por medio del soborno a ministros, diputados y a quienes fuere necesario, con la finalidad de que, por medio de unos pocos millones de unidades de monedas devaluadas, consiguen lo más preciado del continente latinoamericano: Los recursos naturales.

Especialmente, algunas empresas canadienses al servicio propio y de otros patronos se prestan para el saqueo que genera reacciones de las poblaciones, las que se defienden de la constante amenaza a su sustentabilidad. Los habitantes de las poblaciones pretenden con acciones ineficaces, ante el poder de los gobiernos y las mineras transnacionales, proteger a sus comunidades y ecosistemas del inmisericorde daño causado por la invasión extranjera, avalada y sustentada por los gobiernos que se ubican tras el mostrador para la venta de sus paí­ses.

En suma, puede afirmarse que no ha habido voluntad polí­tica férrea para hacerle un alto al saqueo descarado y galopante y/o para controlar con eficiencia y eficacia a la industria de la minerí­a, tanto nacional como extranjera. Quizás lo más triste es que el ciudadano común, en los paí­ses latinoamericanos, no se da cuenta ni quiere saber, del problema macroscópico que estas actividades descontroladas están generando para el negro futuro de los paí­ses involucrados, tales como Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Honduras y, obviamente, Guatemala.

Los volúmenes de explotación en Centroamérica no son comparables con Perú, Chile o Bolivia, sin embargo, en relación a las superficies y la enorme fragilidad biótica y ambiental en general, el impacto de la actividad minera es de gran magnitud. Si consideramos lo pequeño de los territorios con que cuentan los paí­ses centroamericanos, veremos que la actividad minera es altamente competitiva con la seguridad alimenticia y la producción agropecuaria de esos paí­ses en general, adicionalmente a que los paí­ses centroamericanos son puestos contra la pared por la actividad minera y sus nefastos impactos ambientales.

Las compañí­as mineras que operan en Centro América están generalmente dentro de las transnacionales «junior», es decir, compañí­as que son comparativamente pequeñas: Perenco, por ejemplo. Esto hace más peligrosa la situación de riesgo ambiental para los paí­ses, por la baja inversión de este tipo de empresas en el cuidado al medio ambiente y su mí­nima responsabilidad industrial respecto a las comunidades en donde operan.

Ya en esta misma columna se ha denunciado que Perenco, desde que tomó el contrato, minimizó en un enorme porcentaje los presupuestos de «Medio ambiente» y «Seguridad industrial» con relación a los estándares que manejaba Basic Resources en las mismas áreas.